Reportaje especial: “Futuro incierto”

La intranquilidad y el temor es cada vez más visible en los rostros de nuestros vecinos, amigos y compañeros de trabajo.

“Es muy desesperante tener que depender de unos papeles, depender de la opinión de alguien que puede ser tan ignorante en los sueños que cada persona tiene, es un miedo incontrolable,” dijo Estefanía Miranda una estudiante amparada bajo DACA..

Y es que las amenazas y propuestas antiinmigrante del presidente Donald Trump han generado un ambiente hostil. Dejando a personas indocumentadas, como Miranda, inciertas sobre su futuro.

“Esta tristemente acabando con lo que se conocía o con la idea que yo llegue a estados unidos que era el país de los sueños. Porque muchos sueños se están derrumbando,” agregó Miranda quien llegó a Estados Unidos con su familia a los 9 años de edad y a pesar de ser indocumentada, con la ayuda de la Acción Diferida, DACA, trabaja y cubre los gastos de educación en el colegio comunitario Hartnell en Salinas. Allí se ha dado cuenta de los recursos y el apoyo que le está brindando su colegio y comunidad.

“Me ha ayudado mucho como estudiante, como persona, porque he encontrado como un suporte de cierta manera de saber que hay más gente como yo, más estudiantes como yo,” explicó Miranda.

Este centro educativo se ha comprometido a proteger la privacidad de sus estudiantes y no colaborar con agentes de ICE en detectar y detener a alumnos indocumentados.

Al revisar encontramos que Hartnell cuenta con más de 800 estudiantes amparados bajo DACA. Y no es la única institución educativa brindándoles apoyo a sus alumnos sin papeles, la Oficina de Educación del Condado de Monterey ha dicho varias veces que todas sus escuelas públicas son refugios seguros. Incluyendo el Distrito Escolar de Alisal.

“Cuando las elecciones ocurrieron, el 8 de noviembre, varias de nuestras familias expresaron incertidumbre, miedo hasta el punto de llamar al distrito, a las escuelas y preguntar que si era seguro mandar sus hijos a la escuela,” dijo Dr. Hector Rico el Superintendente del Distrito Escolar Alisal.

Al ver la creciente preocupación, el distrito declaró que usarán todos sus recursos para impedir que agentes de inmigración entren a sus escuelas.

“Es importante que los padres sepan eso para que se sientan seguros y no tengan miedo de venir a nuestras escuelas como padres de familia a las reuniones que tenemos frecuentemente o que no tengan miedo, más importante a mandar a sus hijos a la escuela,” agregó Rico.

A pesar de que una orden ejecutiva amenaza con eliminar los fondos federales que reciben las ciudades santuario, comunidades en la Costa Central, como Santa Cruz y Watsonville entre otras siguen con el título en alto.

“Cuando una ciudad se define como ciudad santuario, básicamente lo que está diciendo es expresando el acuerdo comunitario o la consciencia comunitaria de que como comunidad todos los que vivimos aquí no vamos a permitir el uso arbitrario de la fuerza federal para detectar y detener a migrantes,” dijo Ariadna Rentería una abogada de inmigración.

Pero es importante saber, según Rentería, que si una ciudad se declara santuario eso no significa que puedan impedir la deportación de personas que cometieron un delito.

En el Condado de Monterey, la Oficina del Sheriff dijo que de las 14,500 personas encarceladas el año pasado, casi 400 acabaron en las manos de oficiales de inmigración.

“La relación que tenemos con ICE es que ellos vienen a la cárcel, revisan nuestros registros y determinan a quien entrevistarán. Nosotros no le decimos “hablen con esta persona o vean aquella persona, no hacemos eso,” dijo el comandante John Thornburg con la Oficina del Sheriff del Condado de Monterey.

Thornburg dijo que personas indocumentadas tras las rejas tambien tienen derechos y hay leyes que los protegen.

“Tenemos que decirles cuando ICE está presente, les tenemos que decir que tienen el derecho a un abogado y es la decisión de los detenidos si quieren hablar con oficiales de inmigración,” agregó Thornburg.

Alguaciles al igual que otras agencias policiacas en la Costa Central han dejado muy en claro que no participarán en la detección y deportación de indocumentados y que nunca preguntarán sobre el estatus migratorio de una persona.

“Aunque alguien nos diga su estatus migratorio, un alguacil no va ser nada con esa información. Nuestro trabajo es proteger el público e investigar y detectar el crimen,” explicó Thornburg.

Medidas y políticas que tienen a Miranda menos angustiada pero a la misma vez, regresando a las sombras.
“Pienso que se vuelve abrir ese miedo de compartir con la gente de compartir con quien sea que eres un Dreamer, o que eres indocumentado, que eres ilegal, creo que se vuelve abrir,” dijo Miranda.

Un futuro incierto para la miles de personas como Miranda.

En la Costa Central tambien hay varias organizaciones no lucrativas, que se han estado uniendo para informar a la comunidad y recaudar fondos para programas que ayudan a familias indocumentadas, tal como COPA, la UFW y el Proyecto de Inmigración del condado de Santa Cruz entre otros.

Cabe mencionar que en este mes, los supervisores del Condado de Monterey declararon el condado como un lugar seguro para indocumentados y refugiados.