Una jueza bloquea a DOGE de acceder a datos sensibles de Seguridad Social
Por Tierney Sneed, CNN
Una jueza federal bloqueó este jueves a la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) de dar acceso a miembros del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) a datos de la agencia que contienen información personal identificable de individuos.
En una contundente opinión de 137 páginas, la jueza del distrito de EE.UU., Ellen Hollander, dijo que la administración no había demostrado por qué los representantes de la iniciativa liderada por Elon Musk tenían una “necesidad” de tal “amplio acceso a la información personal sensible de millones de estadounidenses”, como lo requiere la ley pertinente.
“El equipo de DOGE está esencialmente involucrado en una expedición de pesca en la SSA, en busca de una epidemia de fraude, basada en poco más que sospechas”, escribió Hollander. “Ha lanzado una búsqueda de la proverbial aguja en el pajar, sin ningún conocimiento concreto de que la aguja esté realmente en el pajar”.
Su nueva orden de restricción temporal también requiere que los afiliados de DOGE eliminen cualquier dato de información personal identificable que hayan adquirido de la agencia, y ha ordenado que retiren cualquier software que hayan instalado en los sistemas de la SSA. Sin embargo, su orden permite a los afiliados de DOGE acceder a datos de la Seguridad Social que estén editados o anonimizados, pero solo si esos representantes de DOGE reciben la capacitación adecuada y están sujetos a una verificación de antecedentes.
El caso, presentado por sindicatos de empleados federales y una asociación de jubilados, es uno de varios que desafiaron el acceso de DOGE a sistemas de datos estrictamente protegidos en varias agencias, aunque solo algunos de los casos han resultado en fallos judiciales que han limitado la capacidad de los recién llegados al Gobierno para investigar esos sistemas.
Hollander señaló la supuesta falta de capacitación que recibieron los afiliados de DOGE, así como el fracaso del Gobierno para completar las investigaciones de antecedentes de algunos de ellos antes de darles acceso a los sistemas sensibles de la SSA. Esos sistemas contenían información confidencial de millones de estadounidenses, incluidos registros médicos, números de cuentas bancarias e información de declaraciones de impuestos, dijo, describiendo las acciones de DOGE como una “intrusión en los asuntos personales de millones de estadounidenses”.
La jueza también criticó a la administración por ocultar los nombres de los afiliados de DOGE por temor a acoso, mientras aparentemente no mostraba “una preocupación por la privacidad de los millones de estadounidenses cuyos registros de la SSA fueron puestos a disposición del afiliado de DOGE”.
La jueza, que se encuentra en Baltimore y fue nombrada por el presidente Barack Obama, incluso señaló la ironía en el momento de su fallo, que se produce tras la noticia de que los números de seguro social de aproximadamente 200 personas fueron divulgados con la publicación de los archivos del asesinato de John F. Kennedy.
Aunque en este caso, “el acceso se hizo al equipo de DOGE, y no (aún) se difundió públicamente, la reacción a la divulgación de los números de seguro social en relación con los archivos de Kennedy apoya la conclusión aquí de que hay una expectativa de privacidad con respecto a los números de seguro social”, escribió.
Hollander dijo que los impugnadores habían demostrado que la administración probablemente había violado la Ley de Privacidad, que dice que para que un empleado acceda a los registros sensibles de una agencia, deben demostrar una “necesidad del registro en el desempeño de sus funciones”.
Afirmó que, en una audiencia la semana pasada, el Departamento de Justicia que defendía a la administración “no ofreció una explicación significativa de por qué el equipo de DOGE necesitaba un acceso sin precedentes y sin restricciones a prácticamente todos los sistemas de datos de la SSA para lograr los objetivos de modernizar la tecnología, maximizar la eficiencia y la productividad, y detectar el fraude, el despilfarro y el abuso”.
“Los demandados no han presentado declaraciones de los expertos contratados en el equipo de DOGE explicando por qué es necesario un acceso y sin restricciones”, escribió. “No han proporcionado una explicación detallada de cómo o por qué se necesita prácticamente toda la base de datos de la SSA para llevar a cabo la investigación, o por qué los registros editados o anonimizados, al menos inicialmente, serían inadecuados. El silencio sobre este tema es ensordecedor”.
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