China construye nuevos centros de detención en todo el país mientras Xi Jinping amplía la purga de la corrupción
Por Yong Xiong y personal de CNN
China construyó o amplió más de 200 centros de detención especializados en todo el país para interrogar a los sospechosos atrapados en la creciente campaña anticorrupción de Xi Jinping, según descubrió una investigación de CNN, a medida que el líder chino extiende su represión más allá del gobernante Partido Comunista a una amplia franja de sectores públicos.
Desde que asumió el poder en 2012, Xi lanzó una amplia campaña contra la corrupción y la deslealtad, acabando con funcionarios corruptos y rivales políticos a una velocidad y escala sin precedentes, a medida que consolidaba su control sobre el partido y las fuerzas armadas del país.
Ya bien entrado en su tercer mandato, el líder supremo convirtió su implacable campaña en una característica permanente e institucionalizada de su Gobierno de duración indefinida.
Y cada vez más, algunas de las herramientas más temibles que ha esgrimido para mantener a raya a los funcionarios se están utilizando contra un sector mucho más amplio de la sociedad, desde empresarios privados hasta administradores de escuelas y hospitales, independientemente de si son miembros del partido de 99 millones de personas.
El régimen de detención ampliado, denominado “liuzhi” o “retención bajo custodia”, cuenta con instalaciones con superficies acolchadas y guardias las 24 horas en cada celda, donde los detenidos pueden permanecer hasta seis meses sin ver nunca a un abogado o a sus familiares.
Es una extensión de un sistema utilizado desde hace tiempo por el partido para ejercer el control e infundir miedo entre sus miembros.
Durante décadas, el brazo disciplinario del partido, la Comisión Central de Inspección Disciplinaria (CCDI, por sus siglas), gestionó un sistema de detención secreto y extralegal para interrogar a los cuadros del Partido Comunista sospechosos de corrupción y otras fechorías. Los funcionarios investigados estaban desaparecidos en recintos del partido, hoteles u otros lugares encubiertos durante meses, sin acceso a asesoría legal o visitas familiares.
En 2018, en medio de crecientes críticas por abusos generalizados, torturas y confesiones forzadas, Xi eliminó la controvertida práctica conocida como “shuanggui”, o “doble designación”, un guiño al poder del partido para citar a miembros para ser investigados en un momento y lugar designados.
Pero el líder chino no abolió la detención secreta, que había sido una potente arma en su guerra contra la corrupción y la disidencia. En su lugar, se codificó por ley, se le dio un nuevo nombre y se colocó bajo la competencia de una nueva y poderosa agencia estatal, la Comisión Nacional de Supervisión (CNS, por sus siglas).
Fundada en 2018 como parte de la revisión constitucional que despejó el camino para que Xi gobierne de por vida, la nueva agencia consolidó las fuerzas antisoborno del Gobierno y las fusionó con la CCDI. Las dos agencias trabajan codo con codo y comparten las mismas oficinas, el mismo personal e incluso la misma página web, un acuerdo que amplía las competencias del organismo interno del partido encargado de vigilar la corrupción a todo el sector público.
El nuevo régimen de detención liuzhi ha mantenido muchas características de su predecesor, como el poder de mantener a los sospechosos incomunicados bajo custodia y la falta de supervisión independiente.
Un abogado penalista, que representó a funcionarios chinos en casos de corrupción, declaró a CNN que había observado escasas mejoras en la protección de los derechos de los detenidos bajo el liuzhi.
El abogado, que pidió el anonimato por temor a represalias del Gobierno, dijo que muchos de sus clientes habían detallado abusos, amenazas y confesiones forzadas mientras estaban bajo custodia liuzhi.
“La mayoría sucumbía a la presión y la agonía. Los que resistieron hasta el final fueron una ínfima minoría”, dijo el abogado.
El liuzhi es mucho más amplio que el shuanggui, ya que no solo persigue a los miembros del partido, sino a cualquiera que ejerza “poder público”, desde funcionarios y empleados públicos hasta directores de escuelas, hospitales, organizaciones deportivas, instituciones culturales y empresas estatales. También puede detener a personas consideradas implicadas en un caso de corrupción, como empresarios sospechosos de pagar sobornos a un funcionario investigado.
Entre los detenidos por liuzhi más destacados se encuentran Bao Fan, banquero multimillonario, y Li Tie, exestrella de la Premier League inglesa y entrenador de la selección masculina de China. (Li fue condenado este mes a 20 años de cárcel por corrupción.) Al menos 127 altos ejecutivos de empresas que cotizan en bolsa –muchas de ellas privadas– fueron detenidos en liuzhi, y solo en los dos últimos años se han producido tres cuartas partes de las detenciones, según los anuncios de las empresas.
Los medios de comunicación estatales dicen que la ampliación de la jurisdicción colma las lagunas existentes desde hace tiempo en la lucha anticorrupción del partido y permite a los responsables de la lucha contra el soborno perseguir los abusos de poder endémicos en el gigantesco sector público del país, desde los sobornos en los hospitales hasta la malversación de fondos escolares.
Los críticos dicen que es otro ejemplo del control cada vez más estricto del partido sobre el Estado y todos los aspectos de la sociedad bajo Xi, el líder más poderoso y autoritario de China en décadas.
Entre 2017, el año en que China estableció las comisiones de supervisión locales como programas piloto antes de crear la Comisión Nacional de Supervisión (NSC, por sus siglas en inglés), y noviembre de 2024, al menos 218 centros liuzhi han sido construidos, renovados o ampliados en toda China para acomodar el nuevo sistema de detención, según la revisión de CNN de los avisos de licitación y otros documentos gubernamentales de estas instalaciones listados públicamente en línea.
El número real probablemente sea mucho mayor, ya que muchos gobiernos locales no publican los avisos de licitación en línea o los eliminan después de que finaliza la licitación.
La oleada de construcción parece estar impulsada en gran parte por un aumento en la demanda de celdas de detención debido al nuevo amplio alcance de la NSC, así como los esfuerzos por hacer que las instalaciones liuzhi sean más estandarizadas y reguladas que los hoteles y villas que a menudo se usaban para el shuanggui, según revelaron los documentos.
CNN contactó a la Comisión Nacional de Supervisión y a la Oficina de Información del Consejo de Estado, que maneja las consultas de prensa para el Gobierno chino, para obtener comentarios.
Un análisis de los avisos de licitación muestra una desaceleración en la construcción durante la pandemia, pero el número de proyectos aumentó nuevamente en 2023 y 2024. Se han construido más centros de detención y se han asignado más fondos en provincias y regiones con un mayor porcentaje de minorías étnicas.
Shizuishan, una ciudad en la región noroeste de Ningxia –la región oficial de la minoría musulmana Hui– fue aprobada para construir un sitio liuzhi de 7.153 metros cuadrados con un presupuesto de 20 millones de yuanes (US$ 2,8 millones) en 2018, según un aviso gubernamental.
El documento ofrece una rara visión de cómo es el interior. Todas las celdas de detención, salas de interrogatorio y la enfermería deben tener paredes completamente acolchonadas, armarios, mesas, sillas y camas, con todos los bordes redondeados por seguridad.
No se permite cableado eléctrico ni enchufes expuestos, y los pisos deben tratarse con superficies antideslizantes. Todas las instalaciones montadas en el techo, incluidas las cámaras de vigilancia, luces, ventiladores y altavoces, deben incorporar “diseños anti-colgantes”. En los baños, los lavamanos y los inodoros de acero inoxidable también deben estar completamente acolchonados, mientras que las duchas y las cámaras de vigilancia deben estar montadas en el techo, según el aviso.
Estas características de seguridad maximizada están diseñadas para evitar que los detenidos se quiten la vida, un problema que había acosado durante mucho tiempo las detenciones bajo el shuanggui.
Sin embargo, el centro de liuzhi de Shizuishan resultó ser demasiado pequeño para la afluencia de detenidos. En junio, la ciudad publicó otro aviso buscando expandir la instalación para abordar el problema de “insuficiencia de instalaciones y equipos”. El proyecto incluye un nuevo edificio para interrogatorios, una nueva cantina para el personal y la reconfiguración de los edificios existentes para crear más celdas de detención.
El partido nunca publicó cifras oficiales sobre las detenciones bajo shuanggui, y los números sobre liuzhi son casi tan elusivos. En 2023, el único año para el que había datos nacionales disponibles, 26.000 personas fueron detenidas por la NSC y sus ramas locales en todo el país.
Los datos provinciales, aunque dispersos, han indicado un aumento significativo en el número de detenciones. En la región norteña de Mongolia Interior, 17 veces más personas fueron puestas bajo custodia liuzhi en 2018 que las que fueron sujetas a shuanggui en 2017, según la comisión de supervisión de la región.
Las autoridades parecen haber establecido reglas de construcción estándar para los centros liuzhi, incluido un plan nacional para la construcción de estas instalaciones entre 2023 y 2027, que fueron citadas repetidamente en los documentos gubernamentales y avisos de licitación revisados por CNN.
Dingxi, una de las ciudades más pobres de la provincia noroccidental de Gansu, indicó que su centro de detención de 305 millones de yuanes (US$ 42 millones) se construiría siguiendo los requisitos especificados por la CCDI y la NSC para lograr las “operaciones estandarizadas, basadas en la ley y profesionales” de la instalación liuzhi.
El enorme complejo, que contará con 542 habitaciones, incluirá 32 celdas de detención, alojamiento para que los investigadores y guardias vivan en el lugar, así como otras instalaciones para satisfacer sus necesidades diarias, según un documento presupuestario de 2024 de la agencia anticorrupción de la ciudad.
Los funcionarios chinos y los medios estatales elogiaron la transición del sistema shuanggui al liuzhi como un paso crucial hacia lo que describen como “el Estado de Derecho en el trabajo anticorrupción”.
El sistema shuanggui había sido criticado durante mucho tiempo por utilizar amenazas, presión intensa o incluso tortura para obtener confesiones. Un informe de 2016 de Human Rights Watch documentó 11 muertes bajo custodia de shuanggui entre 2010 y 2015, así como numerosos casos de abuso y tortura.
A diferencia de shuanggui, que no tenía base legal, liuzhi está inscrito en la ley de supervisión nacional, que se introdujo en 2018 para regular la NSC.
La ley prohíbe que los investigadores recopilen pruebas a través de medios ilegales, como amenazas y engaños; prohíbe insultar, regañar, golpear, abusar y cualquier forma de castigo corporal de los investigados. La ley también exige que los interrogatorios sean grabados en video.
Pero los expertos legales dicen que la legislación solo envuelve con un delgado velo de legalidad un régimen de detención que opera fuera del sistema judicial, carece de supervisión externa y sigue siendo inherentemente propenso al abuso.
“En el pasado, era extra-legal. Ahora, algunos críticos lo llaman ‘legalmente ilegal’”, dijo un académico chino que ha estudiado la NSC. Habló bajo condición de anonimato, citando temores de represalias por parte del Gobierno.
El opaco sistema judicial de China, que responde al Partido Comunista, ya cuenta con una tasa de condena superior al 99%.
Pero, a diferencia de los arrestos criminales, el liuzhi ocurre fuera del proceso judicial y no permite el acceso a representación legal, lo que genera preocupaciones sobre el posible abuso de poder, dijo un segundo académico chino que también solicitó anonimato.
En septiembre, Zhou Tianyong, destacado economista y exprofesor en la prestigiosa Escuela Central del Partido, donde el Partido Comunista forma a sus altos funcionarios, advirtió de que las autoridades locales estaban utilizando las investigaciones por corrupción para extorsionar dinero a empresarios privados y así llenar sus arcas vacías.
En un artículo viral que luego fue censurado, Zhou pidió el fin de la práctica de las agencias locales anticorrupción de detener a empresarios bajo sospecha de cargos de soborno falsos o fabricados y obligarlos a pagar para ser liberados. “Si (esta tendencia) se extiende, sin duda conducirá a otro desastre para la economía nacional”, escribió Zhou.
En los últimos años, han surgido denuncias de abuso y confesiones forzadas en múltiples casos de liuzhi que se han dado a conocer en línea.
Entre ellos se encuentra Chen Jianjun, un arquitecto convertido en funcionario local que dijo haber sido engañado y forzado a hacer falsas confesiones de soborno mientras estaba detenido bajo liuzhi en 2022 en la ciudad noroccidental de Xianyang.
Durante sus seis meses de detención, el hombre de 57 años fue vigilado por pares rotativos de guardias las 24 horas del día y se le obligaba a sentarse erguido durante 18 horas al día sin moverse ni hablar, con cualquier ligera flexión de su espalda inmediatamente sancionada por los guardias, según un relato escrito de su experiencia publicado en la plataforma social WeChat.
Dos personas familiarizadas con el caso confirmaron a CNN que el relato fue escrito por Chen y publicado por su hija, Chen Lu. La publicación también incluye fotos de tres dibujos hechos por Chen Jianjun en papel higiénico, describiendo su vida bajo liuzhi.
Chen solo podía dormir menos de seis horas al día bajo luces brillantes que nunca se apagaban; en la cama, debía acostarse de espaldas y mantener sus manos por encima de la manta a la vista de los guardias, escribió.
“El tormento prolongado me dejó física y mentalmente exhausto, con la conciencia borrosa, un colapso mental, pensamientos caóticos y alucinaciones”, escribió Chen, añadiendo que cuando salió del liuzhi, había perdido 15 kilogramos.
La hija de Chen no respondió a las solicitudes de entrevista de CNN. Su abogado se negó a hacer comentarios.
En 2023, Chen fue condenado a seis años de prisión por aceptar sobornos de 2,5 millones de yuanes (US$ 340.000). Apeló y está esperando una resolución, según Caixin, una revista de negocios conocida por su periodismo de investigación. CNN ha contactado al Gobierno de Xianyang y a la comisión de supervisión municipal de Xianyang para obtener comentarios.
El abogado chino que representó a funcionarios en la corte después de ser liberados de la custodia liuzhi dijo que era común que los detenidos fueran forzados a sentarse en una posición durante hasta 18 horas al día.
“Tenían que sentarse continuamente sin moverse, lo que causaba úlceras por presión graves en sus glúteos. Se aplicaba algo de medicina, pero se les obligaba a seguir sentados, lo que causaba un mayor deterioro. Era extremadamente torturante”, dijo.
Algunos clientes también recibían muy poca comida hasta que confesaban, lo que causaba desnutrición y una serie de otros problemas de salud, señaló el abogado. “Muchas personas eventualmente desarrollaron alucinaciones auditivas y sentían que estaban perdiendo la razón”, agregó.
Según el abogado, otra táctica utilizada comúnmente por los investigadores era detener simultáneamente a un funcionario y su cónyuge, aunque este último no tuviera un cargo público.
Es un enfoque de dos frentes: los investigadores pueden intentar obtener pistas sobre la supuesta transgresión del funcionario a través del cónyuge; mientras que el cónyuge puede ser tomado como rehén para presionar al funcionario a confesar, explicó el abogado.
En algunos casos, los investigadores también habían amenazado con detener a los hijos de los funcionarios para interrogarlos, añadió el abogado.
Un proyecto de enmienda a la ley de supervisión nacional, que está siendo revisado por la máxima legislatura de China, parece hacer referencia a las preocupaciones sobre posibles abusos. Agregó una cláusula que exige a los investigadores llevar a cabo las investigaciones de manera “legal, civilizada y estandarizada”.
Sin embargo, el proyecto de propuesta ha ignorado los llamados para permitir el acceso a defensa legal durante la detención liuzhi. En cambio, ha sugerido extender el período máximo de detención de seis meses a ocho meses, si se considera que el sospechoso podría ser condenado a una pena de prisión de 10 años o más; el período total de liuzhi podría reiniciarse si se descubren nuevos delitos, lo que significaría un máximo de 16 meses de custodia, según la propuesta.
La enmienda propuesta generó un intenso debate y críticas de abogados y académicos legales chinos, quienes dicen que los poderes otorgados a los investigadores durante liuzhi superan ampliamente la protección de los derechos de los detenidos.
“La detención prolongada y el interrogatorio representan una prueba extrema que supera los límites físicos y mentales del detenido”, dijo Dacheng, un bufete de abogados con sede en Beijing, en un artículo en su cuenta de redes sociales.
“Bajo tales condiciones extremas, en las que tanto el cuerpo como la mente son llevados al límite, se vuelve cada vez más difícil saber si el detenido está dando una ‘confesión honesta’ basada en hechos o si opta por una ‘cooperación total’ comprometiendo la verdad bajo una presión insoportable”.
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Reporte: Yong Xiong y el personal de CNN
Gráficos: Soph Warnes, Lou Robinson y Rosa de Acosta
Ilustraciones y animaciones: Duncan Senkumba
