Departamento de Justicia de Trump obtuvo en secreto registros de Kash Patel, legisladores y medios por filtraciones
Por Hannah Rabinowitz y Evan Pérez, CNN
El Departamento de Justicia obtuvo en secreto registros telefónicos de dos miembros del Congreso y 43 empleados, incluido Kash Patel, la selección del presidente electo Donald Trump para dirigir el FBI, durante amplias investigaciones de filtraciones en el primer mandato de Trump, según un informe de supervisión publicado este martes.
El nuevo informe del inspector general del Departamento de Justicia plantea inquietudes sobre cómo el departamento intentó eliminar las fuentes de los periodistas de una lista extensa y bipartidista de empleados federales que tenían acceso a información clasificada debido a su trabajo.
En el informe no se nombra a Patel ni a los dos miembros del Congreso, pero dos fuentes familiarizadas con el asunto le dijeron a CNN que Patel fue el blanco de los ataques junto con los representantes demócratas Adam Schiff y Eric Swalwell. Patel era miembro del personal del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, liderado por el Partido Republicano y Schiff fue elegido senador y asumió el cargo este lunes.
Los fiscales también buscaron registros que incluían correos electrónicos de periodistas de CNN, The Washington Post y The New York Times, según el informe.
El informe encontró que los investigadores del Departamento de Justicia realizaron una búsqueda amplia en función de quién pudo haber tenido acceso a la información confidencial que se filtró.
Solicitar registros basándose únicamente en “la proximidad temporal entre el acceso a la información clasificada y la posterior publicación de la información… corre el riesgo de enfriar la capacidad del Congreso de supervisar el poder ejecutivo”, escribió el inspector general.
Esto se debe a que tal medida “expone a los funcionarios del Congreso a que sus registros sean revisados por el Departamento únicamente por llevar a cabo los deberes de supervisión autorizados constitucionalmente del Congreso y crea, como mínimo, la apariencia de una interferencia inapropiada del poder ejecutivo en la actividad de supervisión legítima del poder legislativo”, agregó el inspector general.
El inspector general no recomendó presentar cargos contra nadie en su revisión y no encontró ninguna indicación de que los fiscales de carrera asignados a la investigación de la filtración estuvieran motivados por la política.
Patel, reunido con senadores este martes para abordar su próxima confirmación como director del FBI, no hizo comentarios sobre el informe.
Entre los problemas que señaló el inspector general está que no existen protecciones para los fiscales que quieren solicitar registros de comunicaciones de los miembros del Congreso o de su personal, y que si bien existen algunas protecciones para los periodistas, no se cumplen adecuadamente.
Por ejemplo, los fiscales no tuvieron que informar a los líderes del Departamento de Justicia que los registros que buscaban eran los de miembros del Congreso, y Bill Barr, quien era el secretario de Justicia en ese momento, dijo que “no tenía conocimiento de que se buscaran los registros de ningún congresista en un caso de filtración”. Barr se negó a ser entrevistado como parte de la revisión del asunto por parte del inspector general.
El informe también señala que el Departamento de Justicia obtuvo órdenes de confidencialidad en 40 de los casos del Congreso, lo que significa que los miembros y su personal no sabían que se habían confiscado sus registros de comunicaciones. Al solicitar esas órdenes, los fiscales no estaban obligados a especificar de qué registros estaban tratando de obtener información.
Si bien los periodistas tienen más protecciones descritas en las reglas del Departamento de Justicia, el informe detalla violaciones de ese protocolo en los esfuerzos del departamento por obtener secretamente comunicaciones de ocho periodistas en organizaciones de noticias.
Dentro de CNN, la administración Trump buscó y obtuvo en secreto los registros telefónicos y de correo electrónico de 2017 de la corresponsal del Pentágono, Barbara Starr. El Departamento de Justicia de Biden informó más tarde a Starr que los fiscales habían obtenido sus registros correspondientes a dos meses entre el 1 de junio de 2017 y el 30 de julio de 2017. No está claro qué buscaba la administración Trump en los registros de Starr.
El inspector general descubrió que los fiscales no habían seguido algunas de las directrices del departamento que les ordenaban agotar todas las demás opciones de investigación antes de solicitar citaciones judiciales para obtener los registros de los periodistas. Entre esas fallas está que nunca se convocó un comité interno que se supone debe revisar las solicitudes de citación judicial para obtener los registros de los periodistas, dice el informe.
En una investigación de filtración, los fiscales no obtuvieron la certificación requerida del director de Inteligencia Nacional, dijo el inspector general. En otra, obtuvieron la certificación requerida, pero no está claro si alguna vez se le proporcionó a Barr, entonces secretario de Justicia.
Los fiscales tampoco lograron obtener la aprobación de Barr, que era un paso necesario en el proceso para obtener órdenes de confidencialidad que impedían que los periodistas se enteraran de que sus registros habían sido confiscados.
Después de que se revelara públicamente el intento de obtener los registros, el Departamento de Justicia codificó una norma que prohíbe a los empleados del departamento buscar en secreto los registros de los periodistas, salvo en circunstancias limitadas. Según las normas anteriores del Departamento de Justicia, los investigadores podían obtener en secreto los registros de los periodistas mediante una orden judicial sin el conocimiento de los periodistas.
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