El voto en el extranjero, un grupo que podría ser crucial para los demócratas, en la mira de las demandas del Partido Republicano en estados clave
Alexandra Ferguson
(CNN) — Un proceso de votación en el extranjero que durante mucho tiempo ha sido considerado sagrado por ambos partidos, debido a su conexión con los militares estadounidenses que sirven en países extranjeros, es ahora objeto de múltiples demandas respaldadas por el Partido Republicano y presentadas en los últimos días.
El nuevo asalto legal se produce en un momento en que los votos emitidos por estadounidenses en el extranjero se han vuelto muy favorables para los demócratas y podrían ser cruciales para que la vicepresidenta Kamala Harris supere la línea de meta.
Además de las nuevas demandas presentadas por los republicanos en Pensilvania, Carolina del Norte y Michigan, el expresidente Donald Trump ha sugerido sin pruebas que el voto en el extranjero es una fuente de fraude, incluso cuando ha hecho súplicas a los estadounidenses en el extranjero con la promesa electoral de bajarles los impuestos.
Hay unos 6,5 millones de votantes estadounidenses con derecho a voto que viven, sirven y estudian en el extranjero, de los cuales 1,6 millones se encuentran registrados en estados disputados, y otros más en distritos muy reñidos de la Cámara de Representantes. Esos votos podrían ser decisivos: las elecciones de 2020 se decidieron por 44.000 votos en cuatro estados.
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Más de 1,2 millones de papeletas se enviaron al extranjero en 2020 y casi 890.000 se contabilizaron finalmente, según un informe de la Comisión de Asistencia Electoral de Estados Unidos.
Los demócratas han descrito las nuevas impugnaciones legales del Partido Republicano como un ataque al derecho de sufragio de los militares que se juegan la vida por el país sirviendo en el extranjero, aunque la población civil expatriada está más en el punto de mira de las demandas republicanas. Los funcionarios electorales también afirman que los cambios de última hora en los procedimientos electorales con las papeletas ya enviadas no sólo privarían del derecho a voto a los electores, sino que sentarían las bases para poner falsamente en duda los resultados.
Los abogados de la Secretaria de Estado de Michigan, la demócrata Jocelyn Benson, acusaron a los republicanos en una presentación judicial de intentar “acosar a la Secretaria y sembrar dudas sobre la integridad de las elecciones”.
En Pensilvania, los congresistas del Partido Republicano piden al tribunal que anule todas las papeletas emitidas desde el extranjero, incluidas las de los votantes militares, para su posterior verificación. El Comité Nacional Republicano, que está detrás de las demandas en Michigan y Carolina del Norte, presentó solicitudes similares para que se separaran determinadas papeletas emitidas desde el extranjero en esos estados, lo que presagia la posibilidad de que se produzcan luchas después de las elecciones para conseguir que se desechen esas papeletas si los márgenes son estrechos.
Los republicanos tendrán que superar varias cuestiones de procedimiento que se han planteado sobre sus casos. Pero cualquier orden judicial que aparte las papeletas del extranjero para que se cuenten más tarde, una vez resueltas las disputas, corre el riesgo de dar a Trump la apariencia de una ventaja en la noche electoral que probablemente se vería disminuida una vez que esas papeletas se añadieran a los resultados. La clave de la estrategia de Trump en sus esfuerzos por anular las elecciones en 2020 era argumentar que el recuento de votos debía detenerse después del día de las elecciones, antes de que los funcionarios electorales hubieran terminado de procesar el voto por correo, de mayoría demócrata.
Funcionarios del Partido Republicano dicen que están tratando de obtener claridad de los tribunales sobre lo que han descrito como un conflicto legal en la forma en que esos estados están manejando esas papeletas, ya que no está del todo claro cuántas papeletas serían desechadas si prevalecieran en sus casos.
“Independientemente del número afectado… queremos que cada voto legal se cuente correctamente, y contar votos ilegítimos lo diluye y anula”, dijo un funcionario del CNR a CNN.
El jueves está prevista una audiencia en Detroit sobre el caso de Michigan, mientras que un juez federal escuchará los argumentos sobre la demanda de Pensilvania el viernes en Harrisburg. La audiencia sobre la demanda de Carolina del Norte está prevista para la semana que viene.
Menos de la mitad de los votantes en el extranjero son militares
El proceso para que los ciudadanos militares y civiles en el extranjero puedan votar fue establecido por la ley federal conocida como Ley de Voto en Ausencia de Ciudadanos Uniformados y en el Extranjero (Uniformed and Overseas Citizens Absentee Voting Act, UOCAVA), que ha gozado de apoyo bipartidista en las casi cuatro décadas que lleva en vigor.
La ley está más asociada a los votantes militares, que tradicionalmente se consideran de derechas, aunque esa población ya no es tan conservadora como antes. Sin embargo, más significativo para la dinámica política en juego es cómo el voto civil en el extranjero ha eclipsado a los votantes militares en el extranjero.
Los militares constituyeron sólo el 42,3% de los inscritos para votar en virtud de la UOCAVA durante las elecciones de 2020, según el informe de la EAC.
Sólo una cuarta parte de las papeletas transmitidas al extranjero por Michigan en 2020 fueron para miembros de las fuerzas armadas, según el informe, y del mismo modo en Pensilvania y Carolina del Norte, los miembros de las fuerzas armadas constituyeron una minoría de los votantes en el extranjero que recibieron papeletas de esos estados en 2020.
“Resulta que hay más votantes civiles en el extranjero que votantes militares”, dijo Michael McDonald, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Florida. Las investigaciones que ha realizado sobre los votantes de Maine y Colorado han demostrado que el voto UOCAVA en esos estados ha tenido una considerable inclinación demócrata.
Democrats Abroad, formada por miles de estadounidenses que viven, sirven y estudian en todo el mundo, lleva desde enero haciendo llamadas telefónicas, enviando mensajes de texto y correos electrónicos a su base de datos, instando a sus miembros a que soliciten papeletas de voto y dándoles instrucciones sobre cómo hacerlas llegar, Según su presidenta internacional, Martha McDevitt-Pugh.
“Somos millones de votantes que podemos influir en el resultado de las elecciones”, dijo McDevitt-Pugh.
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El esfuerzo demócrata llamó la atención de los republicanos, según dijo a CNN una persona familiarizada con el litigio, lo que provocó demandas judiciales que cuestionaban la legalidad de un subconjunto de esas papeletas.
En las demandas presentadas en Carolina del Norte y Michigan, el Comité Nacional Republicano se centra en las leyes estatales que ampliaron el ámbito de aplicación de la UOCAVA al establecer que los ciudadanos estadounidenses en el extranjero que nunca vivieron en esos estados pueden seguir votando si sus padres o tutores legales vivieron allí antes de salir del país. (Michigan amplía además este vínculo a los cónyuges de antiguos residentes del estado).
Argumentan que esas leyes contravienen las disposiciones de las constituciones de los estados que exigen la residencia para votar.
“Los ciudadanos de Carolina del Norte y Michigan no deberían ver anulados sus votos por quienes nunca han vivido en el estado, así de simple. Esto es ilegal y lo detendremos. Mientras que los demócratas quieren un sistema electoral que haga caso omiso de la ley, nosotros estamos comprometidos con la integridad electoral en todo el país”, declaró la semana pasada el presidente del Partido Republicano, Michael Whatley.
Sin embargo, los demócratas y los funcionarios estatales replican que las constituciones de Carolina del Norte y Michigan dan a las legislaturas de esos estados flexibilidad para ampliar la elegibilidad de los votantes más allá de quienes hayan vivido en esos estados durante cierto tiempo.
En Michigan, los republicanos piden que se modifiquen las directrices de Benson, objetivo frecuente de las demandas del Partido Republicano, para instruir a los funcionarios locales de que no pueden aceptar papeletas del extranjero de los llamados “nunca residentes”.
Su oficina dice que no hay forma práctica de distinguir las papeletas procedentes de votantes en el extranjero que nunca han residido en esos estados, e incluso si la hubiera, reelaborar los procedimientos en este momento sería imposible, un argumento también esgrimido por los funcionarios electorales de Carolina del Norte que han sido demandados por el Comité Nacional Republicano.
“El momento de impugnar las normas de elegibilidad de los votantes es mucho antes de las elecciones, no después de que se hayan emitido los votos”, dijo a la CNN Patrick Gannon, portavoz de la Junta Electoral de Carolina del Norte, señalando que la ley en cuestión fue aprobada por los legisladores del estado hace más de 13 años.
Presionado sobre el momento en que se interpusieron las demandas, después de que los funcionarios electorales empezaran a enviar papeletas al extranjero, un segundo funcionario del Comité afirmó que gran parte de sus litigios sobre integridad electoral se deciden en las semanas previas al día de las elecciones.
“Sólo porque, tal vez teóricamente, sería mejor si pudiéramos presentar la demanda antes, seguiremos luchando en los tribunales si creemos que se están infringiendo las leyes electorales, independientemente de lo que esté ocurriendo”, declaró el funcionario a CNN, añadiendo que durante este periodo se estaban decidiendo casos electorales antes de las elecciones intermedias de 2022.
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En el caso de Pensilvania, la disputa gira en torno a cómo se examinan las papeletas de voto en el extranjero.
Los miembros republicanos de la Cámara de Representantes de EE.UU. demandaron ante un tribunal federal el modo en que los funcionarios electorales de Pensilvania están procesando las solicitudes de los ciudadanos extranjeros y piden una orden judicial que segregue esas papeletas para su posterior verificación.
Todos los congresistas demandantes votaron a favor de rechazar las certificaciones estatales de las elecciones de 2020 a favor de Joe Biden, a pesar de la falta de pruebas de fraude. Los demócratas, que intervinieron en el caso, argumentan que la petición de los legisladores republicanos podría privar del derecho a voto a “decenas de miles” de votantes en el extranjero, incluidos los miembros de las fuerzas armadas.
El representante Pat Ryan, que se presenta a la reelección en el norte del estado de Nueva York, encabezó a varios de sus colegas veteranos demócratas en la redacción de una carta dirigida esta semana al secretario de Defensa, Lloyd Austin, en la que se advertía de que los militares corren el riesgo de que se vulnere su derecho al voto.
“No pensé que pudieran ser aún más irrespetuosos con los veteranos de lo que ha sido Trump, pero de alguna manera han ido aún más lejos insultando e intentando privar del derecho de voto a los veteranos y a las familias de militares”, dijo Ryan a CNN, calificando las medidas de “impactantes”y “una vergüenza”.
Ryan, que votó desde Iraq en 2008, casi al final de su segundo despliegue de 15 meses en zona de combate, calificó los procedimientos de “proceso bien engrasado que ocurre todo el tiempo y lleva ocurriendo muchas décadas”.
Señaló que cada unidad tenía un funcionario de asistencia electoral y que la identidad de todos había sido verificada muchas veces mucho antes de que rellenaran sus papeletas.
Si el objetivo es el negacionismo electoral, dijo Ryan, “poner a nuestras tropas en servicio activo en medio de ese comportamiento traidor está fuera de lugar”.
“Estas personas están arriesgando sus vidas por nuestro país. Merecen saber ahora que su voto será protegido y contado”, afirmó.
Los abogados que interpusieron la demanda en nombre de los republicanos no respondieron a la pregunta de CNN, pero en su demanda afirman que Pensilvania ha “implantado una estructura electoral ilegal que crea vulnerabilidades y la oportunidad de que los votos no elegibles diluyan los votos válidos de los miembros del servicio militar”.
Los implicados en los casos del CNR en Michigan y Carolina del Norte subrayaron que esas impugnaciones legales no iban dirigidas a los votos de militares, sino a civiles que nunca vivieron en esos estados.
“Al permitir que votantes extranjeros que nunca vivieron en Michigan o Carolina del Norte voten allí, están violando las constituciones estatales y poniendo en peligro los votos elegibles”, declaró en un comunicado Claire Zunk, directora de comunicaciones sobre integridad electoral del CNR. “Nuestra demanda no afecta en modo alguno al derecho de voto de los votantes militares, que está protegido por la ley federal en virtud de la UOCAVA. Estamos luchando para proteger los votos de los votantes militares y de los ciudadanos en el extranjero para que se cuenten correctamente, y no se anulen por votos no elegibles”.
McDevitt-Pugh, presidenta de Democrats Abroad, dijo que, con las leyes sobre fiscalidad, Seguridad Social y asistencia sanitaria que la afectan a ella y a otros estadounidenses que viven en el extranjero, “poder votar y tener voz es realmente importante para nosotros”. Dijo que temía que incluso las impugnaciones que se estaban planteando hicieran disminuir el número de personas que devolvían su voto.
“Están pensadas para abrir la puerta a impugnar las elecciones después, están pensadas para intimidar a los votantes”, declaró a CNN.
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