Toledo declara por primera vez durante juicio en su contra por el caso Odebrecht
Mauricio Torres
(CNN Español) — Comenzó la recta final en el juicio contra Alejandro Toledo. Este viernes, por primera vez, el expresidente de Perú declaró en el proceso que se sigue en su contra por el caso conocido como Odebrecht o Interoceánica. La intervención del exmandatario es parte de los últimos pasos antes de conocer si el Poder Judicial lo declarará culpable o inocente.
Por este caso, Toledo, quien gobernó entre 2001 y 2006, fue extraditado en abril de 2023 desde Estados Unidos y actualmente se encuentra en prisión preventiva a la espera de su sentencia. La audiencia se realizó en el penal de Barbadillo, donde está recluido.
En el pasado, Toledo se ha declarado inocente. En una entrevista con CNN en mayo de 2017, el exmandatario negó cualquier acto de corrupción durante su Gobierno.
¿De qué se acusa a Alejandro Toledo?
Toledo es acusado por los delitos de colusión y lavado de activos. La teoría fiscal sostiene que el expresidente habría recibido más de US$ 30 millones de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de favorecerla durante su Gobierno en la licitación de la carretera Interoceánica, que une a Perú y Brasil. La Fiscalía pide 20 años y seis meses de prisión para Toledo.
El juicio se inició en octubre del año pasado. Durante aquella audiencia inicial, el fiscal José Domingo Pérez dijo: “¿Qué es lo que vamos a probar? Con la prueba anticipada del testimonio de (Josef) Maiman Rapaport, hoy fallecido, vamos a probar cómo Alejandro Toledo le pidió a Maiman que utilice sus cuentas bancarias para recibir el dinero de soborno de los brasileños de Odebrecht”.
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La Fiscalía señala que Odebrecht le entregó a Maiman más de US$ 30 millones para Toledo. Maiman, un examigo de Toledo que murió en 2021, declaró bajo la figura de colaborador eficaz en la investigación contra el exmandatario. Según la Fiscalía, el objetivo de ese pago era favorecer a la compañía brasileña en la obra de la carretera Interoceánica. En vida, Maiman aceptó ante el Ministerio Público haber recibido dinero de la empresa.
La versión de Alejandro Toledo
Toledo ha negado siempre el presunto soborno de Odebrecht. Si bien Jorge Barata, exrepresentante en Perú de la empresa, no se ha presentado a declarar durante el juicio a Toledo, sí lo hizo en Brasil en 2017. Según el Ministerio Público, en esa ocasión le dijo a la Fiscalía que le había entregado dinero Maiman, presuntamente destinado al exmandatario. Sobre Barata, Toledo dijo este viernes durante su juicio: “Las únicas veces que nos hemos reunido con el señor Barata y los constructores peruanos ha sido para firmar el acuerdo final en público, en el Salón Dorado, en Palacio de Gobierno”.
A la salida de la audiencia, Roberto Su, abogado de Toledo, le dijo a la prensa que el dinero de Odebrecht fue entregado a Maiman y que nunca llegó a su defendido.
El caso Ecoteva
Otro juicio en contra de Alejandro Toledo es el conocido como Ecoteva y se inició en abril de 2023, cuando Toledo aún se encontraba en EE.UU. El expresidente también se declara inocente por este caso.
La Fiscalía investiga la compra de dos propiedades en Lima a nombre de la suegra de Toledo y el pago de hipotecas de dos bienes, propiedad del expresidente. La tesis del Ministerio Público es que esas operaciones se hicieron con el dinero de Ecoteva Consulting Group, una empresa de la cual la suegra del exmandatario era presidenta. Según la Fiscalía, ese dinero sería el mismo que la empresa Odebrecht presuntamente entregó al exmandatario a través de Maiman.
Una fuente del Ministerio Público le dijo a CNN que los activos de Ecoteva, por casi US$ 7 millones, están congelados en Costa Rica, y que la disolución y liquidación de la empresa se darían si hay una sentencia condenatoria en este caso.
En 2016, a través de un acuerdo de conciliación con el Departamento de Justicia de EE.UU., Odebrecht reconoció haber pagado sobornos en varios países de América Latina, entre ellos Perú. Según aquella declaración la empresa pagó, entre 2005 y 2014, a funcionarios peruanos unos US$ 29 millones para asegurarse contratos de obras públicas.
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