Qué significa la sentencia de la Corte Suprema de EE.UU. sobre las redes sociales
Rocío Muñoz-Ledo
(CNN) — La Corte Suprema de Estados Unidos emitió este miércoles una decisión que podría tener enormes consecuencias para las elecciones de 2024, al afirmar que el Gobierno estadounidense puede –por ahora– seguir advirtiendo a las empresas de redes sociales sobre las amenazas de desinformación que detecta en Internet.
Aunque el caso se resolvió por un estrecho margen técnico y no sobre el fondo de las cuestiones, la decisión es, no obstante, una de las más importantes del actual mandato de la Corte.
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Aquí tienes lo que necesitas saber sobre este importante caso que afecta a la expresión en Internet y al proceso democrático.
¿Qué puede ordenar el Gobierno de EE.UU. a las empresas de redes sociales?
A raíz de la sentencia de este miércoles en el caso Murthy contra Missouri, organismos como el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional podrán seguir poniéndose en contacto con las empresas de redes sociales para informarles de las publicaciones que consideren erróneas o desinformativas.
Los ejemplos podrían incluir afirmaciones falsas sobre covid-19, acusaciones infundadas sobre fraude electoral u otras afirmaciones que en algunas situaciones pueden violar las propias políticas de las plataformas.
Estados dirigidos por republicanos, entre ellos Missouri y Louisiana, junto con cinco usuarios de redes sociales, afirmaron en 2022 que esos contactos con empresas de redes sociales formaban parte de hecho de una campaña inconstitucional del gobierno para silenciar la libertad de expresión.
El Gobierno de Estados Unidos lleva años señalando este tipo de contenidos a las empresas de redes sociales, a veces utilizando un lenguaje contundente para exigir su retirada. En los alegatos orales, los jueces pasaron más de 90 minutos tratando de discernir la línea entre la persuasión gubernamental, por un lado, y la coacción indebida del gobierno, por otro.
¿Por qué habla el Gobierno con las empresas de redes sociales?
El acercamiento del Gobierno a las plataformas de redes sociales se viene produciendo desde las elecciones de 2016 y en respuesta directa a los intentos de Rusia de inmiscuirse en la política estadounidense. En 2020, una investigación del Congreso reprochó al Gobierno estadounidense y a las plataformas tecnológicas que no colaboraran más para responder a este tipo de amenazas informativas, que podrían sembrar la división entre los votantes y debilitar a Estados Unidos en la escena mundial.
Los vínculos entre Washington y Silicon Valley implicaban reuniones rutinarias y recurrentes entre funcionarios del gobierno y de las empresas que a menudo se anunciaban públicamente y que incluían plataformas como Meta y Twitter (ahora conocida como X), así como aportaciones de académicos e investigadores externos.
Según Laura Edelson, profesora adjunta de Informática en la Universidad Northeastern y codirectora de Cybersecurity for Democracy, un grupo de investigación centrado en la desinformación digital, esas líneas de comunicación se convirtieron en importantes vías para que el gobierno y las empresas de medios sociales intercambiaran información sobre cuentas falsas o actores extranjeros malintencionados que buscaban desestabilizar Estados Unidos.
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Las relaciones proporcionaron a todos los implicados un conocimiento vital de la situación sobre un panorama de desinformación en rápida evolución, cuyo peligro no ha hecho sino aumentar con la llegada de la inteligencia artificial generativa, afirmó Edelson.
“A medida que nos adentramos en la temporada electoral, ya hemos empezado a ver cómo las campañas de influencia empiezan a salir de la nada, a ser identificadas y a ser objeto de información”, afirmó Edelson. “No es ninguna novedad que existan, y algo para lo que el gobierno solía ser un conducto realmente bueno era asegurarse de que cuando algo se denunciaba o identificaba en una plataforma, se identificaba y compartía con otras”.
¿Qué opina la Corte Suprema?
La Corte Suprema dijo este miércoles que los demandantes en el caso –los estados y los ciudadanos particulares– no tenían el derecho legal, también conocido como legitimación, para presentar su demanda.
La jueza Amy Coney Barrett, en una mayoría de 6-3, dijo que los demandantes no demostraron suficientemente que la presión del gobierno sobre las empresas de redes sociales hubiera sido la causa directa de la censura de sus publicaciones anteriores, y mucho menos que los demandantes estuvieran en peligro inminente de que el Gobierno censurara de algún modo sus publicaciones futuras.
Los sitios de redes sociales toman claramente sus propias decisiones sobre cómo moderar sus plataformas, independientemente de lo que el gobierno de EE.UU. pueda pedirles que hagan, escribió Barrett. De hecho, como demostraron las pruebas presentadas en el caso, las plataformas en línea hicieron a veces lo contrario de lo que quería el gobierno.
“Las plataformas siguieron ejerciendo su criterio independiente incluso después de que comenzaran las comunicaciones con los acusados”, escribió Barrett. “Por ejemplo, en varias ocasiones, varias plataformas explicaron que funcionarios de la Casa Blanca marcaron contenidos que no violaban la política de la empresa”.
Barrett añadió: “Los demandantes, sin ningún vínculo concreto entre sus lesiones y la conducta de los demandados, nos piden que llevemos a cabo una revisión de las comunicaciones de años de duración entre docenas de funcionarios federales, a través de diferentes agencias, con diferentes plataformas de medios sociales, sobre diferentes temas”.
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En lugar de profundizar en todo ello, el tribunal se abstuvo. Evitó pronunciarse sobre si las comunicaciones del gobierno con las empresas de medios sociales violaban la Primera Enmienda. Pero al hacerlo, el tribunal tampoco dijo que fueran inconstitucionales, lo que significa efectivamente que pueden continuar por ahora.
Esto no excluye la posibilidad de que en el futuro un grupo de demandantes presente demandas similares en circunstancias diferentes, lo que podría permitir al tribunal pronunciarse de nuevo sobre la cuestión, tal vez incluso sobre el fondo del asunto.
Expertos jurídicos dijeron este miércoles que la decisión de la Corte enhebra cuidadosamente la aguja.
“La decisión de la Corte Suprema es una respuesta sensata a una cuestión difícil”, dijo James Grimmelmann, profesor de derecho digital y de la información en la Universidad de Cornell. “Reconoce que las plataformas son libres de establecer sus propias políticas de moderación de contenidos contra las publicaciones perjudiciales y engañosas. Las protege de la coacción gubernamental sobre sus decisiones de moderación, pero también les permite escuchar las opiniones del gobierno”.
¿Qué significa esto para las elecciones de 2024?
Depende del Gobierno de Biden reanudar plenamente las líneas de comunicación que interrumpió temporalmente durante el litigio.
El FBI reanudó el intercambio de información sobre amenazas con las empresas de redes sociales a principios de este año, antes de la decisión de la Corte Suprema, informó previamente CNN. A la luz de la sentencia de este miércoles, sin embargo, la administración podría restaurar potencialmente mucho más de su infraestructura de intercambio de información.
“La decisión de la Corte Suprema es la correcta, y ayuda a garantizar que el Gobierno de Biden pueda continuar nuestro importante trabajo con las empresas tecnológicas para proteger la seguridad del pueblo estadounidense, después de años de ataques republicanos extremos e infundados contra funcionarios públicos que realizaron un trabajo fundamental para mantener a salvo a los estadounidenses”, declaró la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, en un comunicado tras la decisión de la corte.
A pesar de la estrechez del fallo, algunos expertos legales dijeron que es una victoria significativa para aquellos que intentan garantizar que la carrera de 2024 no se vea interrumpida por reclamaciones falsas.
“Hay momentos esenciales en los que nuestro gobierno debería estar autorizado, e incluso alentado, a ponerse en contacto con empresas privadas, como las plataformas de medios sociales, y proporcionarles información objetiva, especialmente cuando surgen en Internet cuestiones de injerencia extranjera, integridad electoral, seguridad nacional y fomento de la violencia que plantean amenazas reales”, dijo Nora Benavidez, abogada principal del grupo de defensa de los derechos civiles y del consumidor Free Press.
“Por supuesto, debemos desconfiar de las intromisiones gubernamentales en la expresión privada”, añadió Benavidez. “Sin embargo, los esfuerzos del Gobierno de Biden para luchar contra la desinformación no equivalen a la censura; más bien, son esfuerzos para que las plataformas sean conscientes de los daños públicos potenciales que podrían resultar de la difusión no verificada de falsedades a través de sus redes”.
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