Análisis | ¿Qué busca Argentina en el “modelo Bukele” de seguridad?
mondemanola
(CNN Español) — En sus redes sociales, en las últimas 48 horas, la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, ha promovido desde El Salvador las políticas de ese país para combatir el crimen organizado, mientras recorre el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) y celebra reuniones con funcionarios del Gobierno y especialistas en la materia.
Como último acto de ese viaje que se inició el fin de semana, Bullrich se reunió este martes con el presidente Nayib Bukele.
Argentina busca “seguir el ejemplo de Bukele” en seguridad, afirma el vocero presidencial
Exministra de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) y actual titular de la misma cartera en el gobierno de Javier Milei, Bullrich dedicó los últimos años a construir un perfil político de mano dura contra la delincuencia y la protesta social.
Es así como desde la popularización de las políticas de Seguridad de El Salvador, conocidas como “el método Bukele”, la funcionaria nunca dudó en expresar su admiración al líder salvadoreño.
El método implementado bajo un régimen de excepción que se sostiene desde marzo de 2022, le valió al mandatario altos índices de aprobación de su población, que lo reeligió en febrero, y una notable baja de la criminalidad, pero también denuncias de violaciones sistemáticas a los derechos humanos por parte de la prensa independiente, analistas y observadores internacionales que señalan detenciones arbitrarias, invasión de viviendas, procedimientos judiciales injustos y muertes de detenidos.
El Gobierno del país centroamericano dijo que investiga los hechos, pero sin dar un informe sobre esas muertes.
Argentina lejos está de los índices de criminalidad que el país de Bukele tenía antes de su gobierno, por lo que la visita de Bullrich para asesoramiento en esa materia despierta la pregunta de si existe la posibilidad de extrapolar alguna de las políticas llevadas a cabo.
Mientras que en 2019, año en el que asumió el mandatario centroamericano, en El Salvador eran asesinadas cerca de 53 personas cada 100.000 habitantes al año, según datos del gobierno coincidentes con reportes de las Naciones Unidas, en Argentina desde ese año a la actualidad la tasa promedia en 5 y, además, el dato refleja un descenso sostenido. La más reciente disponible es de 4,2 para 2022.
El propio Bukele marcó la diferencia entre ambos países: “El problema de seguridad en Argentina, que existe, tal vez no es tan apremiante como lo era en El Salvador y, por ende, las medidas que pueden ser compartidas de parte de nosotros para lo que pueda ser aplicado en ese país no tendrían que ser tan drásticas porque no necesitan resolver un problema tan grande”, dijo en una conferencia de prensa en febrero.
Especialistas en política criminal señalan que la tasa de homicidios no es el único parámetro a tener en cuenta.
“La violencia criminal en nuestro país, salvo en la ciudad de Rosario, todavía está fuertemente ligada a la desigualdad social. Aquí, la mayor parte de la gente presa lo está por robos, hurtos, comercialización a baja escala de drogas o por homicidios, pero no por pertenecer, tal como sí sucede en El Salvador, a grupos delictivos medianamente organizados y extremadamente violentos”, explica a CNN Ariel Larroude, abogado especialista en seguridad y política criminal y profesor en la Universidad de Buenos Aires.
Juan Pablo Arenaza, legislador por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y exjefe de campaña de Patricia Bullrich, es parte de la comitiva que viajó junto a la ministra a conocer las políticas de Seguridad. En diálogo con CNN desde El Salvador, Arenaza reconoce una gran diferencia entre ambos escenarios, pero subraya que hay aspectos procesales relacionados con el delito que pueden tomarse como referencia: “Ellos cambiaron la ley para poder juzgar a las maras en su conjunto en vez de hacerlo en procesos individuales”.
En marzo, Bullrich presentó una ley que contempla ese punto: “La llamada Ley Antimafias implica que aquellos que cometen distintos tipos de delitos encadenados para el objetivo que tiene una organización criminal van a tener una pena que ya no será la pena individual, sino la pena por pertenecer a esa organización mafiosa”, dijo entonces la ministra en conferencia y afirmó que también se van a permitir detenciones por “averiguación de delitos”.
La ley ya fue enviada al Congreso y se encuentra a la espera del correspondiente tratamiento legislativo.
Sin embargo, Larroude insiste en que el crimen organizado no es la problemática que prima en el país. “En los últimos años, las muertes en la Argentina han estado mayormente ligadas a conflictos interpersonales -disputas intrafamiliares, femicidios, reyertas vecinales, muertes en ocasión de robo-, que a enfrentamientos provenientes del crimen organizado”, señala.
¿Se busca construir un Cecot en Argentina?
El Cecot es acaso el símbolo emblema del llamado “método Bukele”. Presentada a comienzos de 2023, la megacárcel de máxima seguridad más grande de América Latina tiene capacidad para albergar a 40.000 reos y, según difundió el Gobierno, “está diseñada para que los criminales cumplan su condena sin volver a tener contacto con el mundo exterior”.
Las imágenes de pandilleros con tatuajes, encadenados y hacinados en celdas recorrieron el mundo, y Bullrich y equipo difundieron fotos caminando los pasillos del centro penitenciario.
Arenaza dice que no tienen previsto replicar una cárcel de ese estilo. “En Argentina no son necesarias porque no existen los niveles de violencia a los que se llegó en El Salvador”. Sin embargo, no descarta que puedan tomarse de referencia otros aspectos del sistema penitenciario de ese país.
Según un comunicado difundido por la oficina de prensa del Ministerio de Seguridad, los funcionarios argentinos se interesaron en otras políticas como el Plan Cero Ocio que consta, según información de la presidencia de El Salvador, de una “estrategia penitenciaria” para que los internos que se encuentran en la que denominan “fase de confianza” hagan trabajos para la comunidad como “limpieza de playas, reparación de centros educativos y su mobiliario, hospitales de la red de salud pública, infraestructura policial, viviendas para familias de escasos recursos, entre otras acciones”.
Este martes, en su habitual conferencia de prensa, el vocero presidencial Manuel Adorni dijo que “Argentina sigue, por supuesto, el ejemplo de Bukele, para erradicar el narcoterrorismo”.
Dos días atrás, con una celda del Cecot llena de pandilleros de fondo, Bullrich subió un video a Instagram y escribió: “Este es el camino. Duros contra los criminales. Libertad para los argentinos de bien”.
“Querer importar políticas públicas foráneas, aplicadas a situaciones extremas, nos da la pauta que se quiere dar un mensaje mediático más que proponer medidas concretas asimilables a la realidad de la Argentina”, apunta Larroude.
El caso de Rosario en la provincia de Santa Fe
Según los últimos datos oficiales del gobierno argentino, Santa Fe -provincia en donde se encuentra la ciudad de Rosario- registró la tasa de homicidios más alta durante 2022. El promedio del país fue de 4,2 personas cada 100.000 habitantes mientras que en la provincia azotada por el narcotráfico la tasa estuvo cerca de triplicarse: 11,4.
Con el objetivo de atender el problema, a fines del año pasado, se presentó el “Plan Bandera” que articula un trabajo conjunto entre las fuerzas federales y provinciales “destinado a fortalecer la seguridad para combatir los delitos en la provincia”.
A seis meses de la implementación de ese programa, Bullrich y el gobernador Maximiliano Pullaro presentaron resultados favorables.
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