Estos son los escenarios si la Asamblea Nacional de Ecuador autoriza proceso penal por posible concusión contra la vicepresidenta Abad
Sofía Benavides
(CNN Español) — La suerte de la vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad, podría definirse este viernes en el pleno de la Asamblea Nacional, que deberá resolver un pedido de la jueza de la Corte Nacional de Justicia, Daniela Camacho, para que el Poder Legislativo autorice el enjuiciamiento penal, tal como corresponde legalmente para dignatarios ecuatorianos que tienen fuero de Corte Nacional.
Los legisladores están convocados para la tarde de este viernes y se necesitan 92 votos para autorizar el enjuiciamiento penal de Abad.
Previamente, la fiscal general del Estado Diana Salazar, encargada del caso, resolvió cambiar el delito por el que se busca procesar a la vicepresidenta Abad, por lo que pidió el lunes a la Corte Nacional de Justicia que fije hora y fecha para una audiencia de reformulación de cargos; esto es, pasar de “oferta de tráfico de influencias” al de “concusión”, que habría cometido dentro de la vicepresidencia por el ofrecimiento de un cargo a una persona a cambio de un pago.
El Código Penal de Ecuador establece que el delito de concusión se configura cuando servidores públicos y otras personas que actúen bajo potestad estatal abusen de su cargo o funciones, ordenando o exigiendo la entrega de derechos, cuotas, contribuciones o gratificaciones. Podrían ser sancionados con una pena de tres a cinco años de prisión y, si la conducta se ejecuta bajo violencia o amenazas, la pena podría ser de hasta siete años.
La Fiscalía de Ecuador anuncia que la vicepresidenta será procesada por presunto tráfico de influencias
Según la Fiscalía, durante la investigación contra la vicepresidenta se recabó documentación, versiones y conversaciones telefónicas que establecen una presunta participación de Abad en la causa.
CNN solicitó comentarios al equipo de Abad antes de la sesión de la Asamblea y está a la espera de una respuesta. Abad ―que mantiene una abierta y pública confrontación con el presidente Daniel Noboa desde que ambos asumieron funciones en noviembre de 2023― señaló a inicios de semana a Univision que está viviendo una persecución política por parte del presidente Noboa y rechazó los señalamientos en su contra.
Noboa se resiste a encargar la presidencia a Abad
A inicios de diciembre, Noboa envió de forma indefinida a Abad a Israel como embajadora y representante de Ecuador para la paz en medio de la guerra de ese país con Hamas en Gaza tras los letales ataques del grupo extremista islámico el 7 de octubre. Abad viajó a Israel expresando su desacuerdo con la designación.
Durante los últimos meses Abad señaló que el Gobierno de Noboa la ha hostigado y que buscaría mecanismos para retirarla de su cargo y evitar encargarle la presidencia cuando llegue la campaña presidencial previo a las elecciones de 2025. CNN pidió comentarios a la Presidencia sobre estas afirmaciones y espera una respuesta.
En mayo, Noboa dijo a la agencia EFE que el comportamiento de Abad fue desleal y que su relación con ella es sumamente complicada. Ese mismo mes, el viceministro de Gobierno, Esteban Torres, indicó en rueda de prensa que “sería nefasto” encargar la presidencia a Abad en caso de que Noboa se lance a la reelección, por considerar que la vicepresidenta “no comulga” con la visión del presidente Noboa.
Posible proceso penal por concusión abre ventana a juicio político
Si la Asamblea Nacional autoriza que Abad sea procesada penalmente por cargos de concusión se abre una ventana para que el legislativo tramite un juicio político que conduzca a la destitución de Abad.
La Constitución de Ecuador determina que la Asamblea podrá proceder al enjuiciamiento político del presidente o vicepresidente cuando se ventile un delito de concusión, entre otras causales. Para ello se requieren 70 votos y si el enjuiciamiento político prospera se necesitarán 92 votos para destituir a Abad.
Sin embargo, para iniciar el juicio político la Asamblea Nacional requerirá que la Corte Constitucional emita un dictamen que autorice al cuerpo legislativo el procesamiento político. Para ello, no será necesario el enjuiciamiento penal previo.
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