Observatorio Universitario de Derechos Humanos pide al Gobierno de El Salvador garantizar la comunicación entre privados de libertad y familiares
Belén Liotti
(CNN Español) — El Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH) de la Universidad Centroamericana de El Salvador le pidió este martes al Gobierno del presidente Nayib Bukele garantizar la comunicación entre los detenidos durante el régimen de excepción y sus familiares.
La petición surgió a raíz del informe “Afectaciones a familiares de personas privadas de libertad en el marco del régimen de excepción” que elaboró el propio Observatorio, donde “busca presentar las vulneraciones que han afectado a las personas salvadoreñas por las capturas arbitrarias de uno o varios de los miembros de su núcleo familiar en el marco del régimen de excepción”.
En su investigación, el OUDH establece que la angustia, la preocupación, la tristeza, la frustración y el estrés son los principales impactos psicológicos entre los familiares de los detenidos.
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El Observatorio tomó como muestra 1.026 denuncias de supuestas detenciones arbitrarias ocurridas entre marzo de 2022 y septiembre de 2023. De acuerdo con la investigación, unos 2.742 familiares sufrieron un impacto negativo, principalmente porque no saben sobre la situación jurídica o tampoco el lugar donde se encuentra detenida la persona.
Jorge Rodríguez, coordinador del OUDH, aseguró en una rueda de prensa que el impacto negativo también es para el privado de la libertad: “El mantenimiento de los vínculos familiares para las personas privadas de libertad es crucial para su reinserción social”.
El gobierno de El Salvador no respondió a una solicitud de comentarios hecha por CNN sobre este informe.
El presidente Nayib Bukele defendió su política de seguridad, porque afirma que redujo los niveles de violencia. También apuntó contra los críticos de sus métodos, al asegurar que resguardan los derechos de los delincuentes y no los de la población honrada.
El régimen de excepción rige desde el 27 de marzo de 2022, como respuesta del Gobierno a un repunte de violencia que en un solo día dejó 62 homicidios.
Esta medida de seguridad impulsada por el gobierno de Bukele suspende garantías constituciones como la libertad de asociación, el derecho a la defensa, extiende de 72 horas a 15 días la detención provisional y permite la intervención de las telecomunicaciones sin que sea autorizado por un juez.
Denuncian en EE.UU. supuestas violaciones a DD.HH.
Socorro Jurídico Humanitario, una organización que promueve los derechos humanos en El Salvador, denunció detenciones arbitrarias durante el régimen de excepción en un encuentro con otras organizaciones en Washington.
Miembros de Socorro Jurídico Humanitario dijeron que sostuvieron reuniones con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Departamento de Estado de Estados Unidos, la Oficina de Washington para América Latina (WOLA) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), entre otras instancias.
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Los representantes de la organización salvadoreña presentaron un informe sobre cientos de detenciones que consideran arbitrarias, entre ellas las de tres salvadoreños nacidos en Estados Unidos que, según la organización, fueron detenidos cuando estaban de visita en El Salvador por tener tatuajes en sus cuerpos.
“Que se siga el debido proceso, derecho de defensa, derecho de audiencia, un juicio justo y presunción de Inocencia”, dijo Ingrid Escobar, directora de Socorro Jurídico Humanitario en una rueda de prensa.
El régimen de excepción sigue vigente
La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó la 27° prórroga del régimen de excepción el pasado 7 de junio, con los votos de 57 de los 60 diputados.
De acuerdo con las autoridades, esta medida, que mantiene suspendidos algunos derechos que tutela la Constitución, ha permitido alcanzar 631 días sin homicidios y la captura de más de 80.000 personas.
Los diputados dicen que continuarán aprobando más prórrogas si las autoridades de seguridad pública las solicitan para mantener bajos niveles de delincuencia.
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