La Corte Suprema de EE.UU. se apresura para dar fin a una legislatura como ninguna
Alexandra Ferguson
(CNN) — Nada es igual en la Corte Suprema debido a una lista de casos realmente popular, una filtración sin precedentes, un ambiente político tenso y el covid-19.
En circunstancias normales, en los días de decisión de finales de junio, la Corte Suprema sale de detrás de las cortinas carmesí para promulgarse finalmente en los casos más controvertidos de la legislatura tras meses de deliberaciones a puerta cerrada. Ataviados con su toga judicial y agotados por el último esfuerzo de trabajo, los magistrados toman asiento y su autor lee la opinión mayoritaria.
La lectura puede durar varios minutos mientras el público, compuesto por cónyuges, personal, espectadores y periodistas, digiere lo que se lee en voz alta. A menudo, el juez encargado de redactar la opinión disidente principal también decide dirigirse a la audiencia, ofreciendo una crítica oral apasionada de la opinión mayoritaria.
No se espera que nada de eso ocurra este mes.
En cambio, la majestuosa sala del tribunal está a oscuras, aparentemente debido a las persistentes preocupaciones a causa del covid. La plaza está completamente amurallada con vallas de seguridad, una medida provocada por las protestas que estallaron el mes pasado después de que se filtrara a los medios de comunicación el borrador de la opinión que anula Roe vs. Wade. Mientras tanto, un jurado investigador federal presentó una imputación en la que se acusa a un hombre de California de intentar asesinar al juez Brett Kavanaugh.
Ahora, guardias armados protegen las 24 horas del día los domicilios de los jueces, mientras que los manifestantes se reúnen a veces en el exterior, y el presidente ha firmado una ley para mejorar la protección de la seguridad de los jueces y sus familias.
Sin ninguna ostentación, un funcionario pulsará un botón y las opiniones que cambiarán la forma de algunas de las cuestiones sociales más divisivas del momento, como el aborto, el derecho a las armas, la libertad religiosa y el medio ambiente, simplemente se publicarán a través de Internet.
Para entonces, sin motivo para comparecer públicamente, es posible que muchos de los jueces ya hayan huido de Washington. Quedan 18 casos por resolver. Estos son los casos más destacados de la agenda del tribunal:
Aborto
Fue el juez Clarence Thomas, el más veterano del actual tribunal, quien probablemente asignó a su colega conservador Samuel Alito la redacción del borrador de la opinión mayoritaria en el caso Dobbs vs. Jackson Women’s Health Organization, que podría anular el caso Roe vs. Wade.
El litigio se refiere a una ley de Mississippi que prohíbe el aborto después de las 15 semanas. El estado pide a los jueces que den el gran paso de anular Roe, un caso seminal decidido en 1973 que establece el derecho constitucional al aborto antes de la viabilidad del feto, que según la mayoría de los expertos se produce ahora en torno a las 23-24 semanas de embarazo.
La Corte Suprema escucha los argumentos orales sobre la ley de Mississippi que prohíbe el aborto después de las 15 semanas y el futuro de Roe vs. Wade
En los argumentos orales, el Procurador General de Mississippi, Scott Stewart, dijo a los jueces que Roe y una decisión posterior de 1992 “acosan” al país.
En su momento, la ley de Mississippi fue rechazada por ser abiertamente inconstitucional, incluso por un tribunal de apelación de tendencia conservadora. Pero muchas cosas han cambiado desde entonces, incluido el hecho de que en diciembre los jueces permitieron que siguiera en vigor la prohibición de abortar después de seis semanas de la concepción en Texas. Desde entonces, los estados republicanos, impulsados por la mayoría conservadora de la Corte Suprema, han aprobado leyes cada vez más restrictivas. El mes pasado, por ejemplo, el gobernador republicano de Oklahoma, Kevin Stitt, firmó un proyecto de ley que prohíbe los abortos a partir de la etapa de “fertilización” y permite a los ciudadanos privados demandar a cualquiera que ayude a una mujer a obtener el procedimiento.
En el borrador de opinión, Alito dijo que Roe “debe ser anulado”. Si la mayoría de cinco miembros se mantiene, borrará un precedente de casi 50 años y cambiará el panorama de la salud reproductiva de las mujeres en el futuro.
Los partidarios del derecho al aborto se aferran al hecho de que la opinión de Alito era un borrador y esperan que solo refleje el primer ataque escrito después de que los jueces emitieran sus votos iniciales en la conferencia.
Los votos pueden cambiar durante las deliberaciones. A veces las opiniones mayoritarias se convierten en concurrencias o incluso en disensiones. Otros jueces podrían estar trabajando simultáneamente en opiniones separadas, con la esperanza de captar votos del borrador de Alito o de debilitar la idea central de su opinión.
Biden está contemplando emitir decretos sobre el aborto en caso de que la Corte Suprema derogue el derecho federal
Segunda Enmienda
Mientras el país se enfrenta a la violencia con armas de fuego, los jueces decidirán la amplitud de su decisión en un caso que podría abrir un nuevo capítulo en los desafíos constitucionales a las leyes de seguridad de las armas.
Tras los argumentos orales del año pasado, parecía que los conservadores estaban dispuestos a anular una ley de Nueva York, promulgada hace más de un siglo, que impone restricciones a la portación de un arma oculta fuera del hogar. Los partidarios del derecho a las armas llevan años presionando al tribunal para que aclare el alcance de la Segunda Enmienda. El esfuerzo ha sido liderado por Thomas, que en el pasado calificó la Segunda Enmienda como un “derecho desfavorecido en este tribunal”.
Pero todo el panorama del debate ha cambiado en los últimos meses. Desde que los jueces empezaron a deliberar, se han producido tiroteos masivos en todo el país, incluida la masacre de 19 menores en una escuela primaria de Texas. Aunque los tiroteos no implicaron directamente la cuestión de la portación oculta, el país en su conjunto está debatiendo ahora las leyes de seguridad de las armas.
Libertad religiosa
Además del aborto y el derecho a las armas, el tribunal también está estudiando casos que podrían permitir una mayor presencia de la religión en la vida pública.
En diciembre, escucharon los argumentos relativos a una iniciativa de Maine que excluye a algunas escuelas religiosas de un programa de ayuda a la matrícula. El programa permite a los padres que viven en zonas rurales sin distrito escolar utilizar vales para enviar a sus hijos a escuelas públicas o privadas en otro lugar. Pero se puso en tela de juicio cuando algunos padres quisieron utilizar los vales para enviar a sus hijos a escuelas religiosas.
El tribunal podría insistir en que si un estado proporciona vales para la educación pública y privada, no puede excluir a las escuelas que enseñan el plan de estudios a través de la lente de la fe.
Los jueces también están lidiando con el caso de Joe Kennedy, un exentrenador de fútbol americano de una escuela pública del estado de Washington que perdió su trabajo por rezar en la línea de 50 yardas después de los partidos.
Kennedy dijo a CNN que “todo estadounidense debería poder tener fe en público y no preocuparse por ser despedido por ello”. “Creo que es importante mantener nuestras promesas, especialmente a Dios”, dijo.
Pero el distrito escolar dijo que suspendió a Kennedy para evitar la apariencia de que la escuela estaba respaldando una fe particular, en violación de la Cláusula de Establecimiento de la Constitución.
Los jueces liberales del tribunal, Stephen Breyer, Elena Kagan y Sonia Sotomayor, dejaron claro en los argumentos orales que les preocupaba que los jugadores se sintieran coaccionados por la escuela para rezar.
“Voy a sugerir”, dijo Kagan, “que la idea de por qué la escuela puede disciplinarlo es que ejerce algún tipo de presión indebida, una especie de coacción, sobre los estudiantes para que participen en actividades religiosas cuando pueden no desearlo, cuando su religión es diferente o cuando no tienen religión”.
Inmigración
Mientras los poderes políticos discuten sobre la inmigración, los jueces están considerando varios casos relacionados con disputas fronterizas.
En un caso clave, los jueces decidirán si la administración de Biden puede poner fin a una política fronteriza de la era de Trump conocida como “Permanecer en México” o “Remain in Mexico”. Los tribunales inferiores han bloqueado hasta ahora que Biden ponga fin a la política.
La Corte Suprema examina el poder de Biden para establecer la política de inmigración de EE.UU. para ponerle fin a la política de “Permanecer en México”
Bajo el programa sin precedentes lanzado en 2019, el Departamento de Seguridad Nacional puede enviar a ciertos ciudadanos no mexicanos que entraron en Estados Unidos de vuelta a México, en lugar de detenerlos o liberarlos en Estados Unidos, mientras aguardan a la resolución de sus procedimientos de inmigración. Los críticos califican esta política de inhumana y dicen que expone a los solicitantes de asilo con peticiones creíbles a condiciones peligrosas y miserables. El caso plantea cuestiones no solo sobre la ley de inmigración, sino también sobre el control de la política de un presidente y sus relaciones diplomáticas con los países vecinos.
Cambio climático
Los jueces también acordaron, de forma inesperada, llegar a una resolución en un caso sobre la autoridad de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) para regular las emisiones de carbono de las centrales eléctricas existentes, en una disputa que podría paralizar los intentos del gobierno de Biden de reducir las emisiones en un momento en que los científicos alertan sobre el ritmo acelerado del calentamiento global.
La decisión del tribunal de intervenir ahora preocupa a los ecologistas porque actualmente no hay ninguna norma en vigor. Un tribunal inferior eliminó una norma de la era de Trump en 2021 y la EPA de la administración de Biden está trabajando actualmente en una nueva norma.
Pero el hecho de que haya habido suficientes votos para abordar la cuestión ahora, ha sorprendido a algunos como una concesión agresiva, lo que indica que el tribunal quiere limitar el alcance de la autoridad de la EPA incluso antes de que haya una nueva norma aprobada.
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