México demandó a los fabricantes estadounidenses por los miles de armas que se trafican a través de la frontera cada año. ¿Puede ganar?
Juan Pablo Elverdin
Ciudad de México (CNN) — Cuando a principios de su mandato, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió a Estados Unidos que frenara el flujo de armas traficadas a través de la frontera, fue solo el último de una sucesión de líderes mexicanos en hacerlo.
Según las autoridades mexicanas, alrededor de medio millón de armas estadounidenses encuentran su camino hacia México cada año. El Departamento de Justicia de Estados Unidos encontró que entre 2014 y 2018, alrededor del 70 por ciento de las armas de fuego recuperadas en México y presentadas para su rastreo se originaron al norte de la frontera.
A principios de este mes, los abogados que representan al gobierno mexicano dieron un nuevo paso para enfrentar la epidemia de violencia en el país. Presentaron una demanda en un tribunal federal de Boston contra 7 fabricantes de armas estadounidenses y un mayorista de armas, argumentando que tienen cierta responsabilidad en el flujo de armas que llegan a manos de los delincuentes en México.
La demanda acusa a las empresas de “facilitar activamente” el tráfico de esas armas a “los cárteles de la droga y otros delincuentes en México”. Se produce en un momento en el que las tasas de homicidios en México rondan sus niveles más altos desde que el ex presidente Felipe Calderón lanzó una ofensiva contra los cárteles de la droga en 2006, con más de 36.000 asesinatos registrados el año pasado.
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Un río de armas
El mercado de armas legales es mucho más pequeño y está más controlado en México que en Estados Unidos. El país sólo cuenta con una armería, y está dirigida por el ejército. Los posibles compradores deben pasar por estrictas comprobaciones de antecedentes que exigen, entre otras cosas, una prueba de empleo y no tener antecedentes penales. Y sin embargo, más de 25.000 mexicanos murieron por armas de fuego el año pasado.
Los homicidios en México empezaron a aumentar drásticamente a mediados de la década de 2000, cuando el país intensificó su guerra contra las drogas. Pero la demanda señala otro hecho que, según ella, contribuyó al aumento de la violencia: la expiración en 2004 de la prohibición de las armas de asalto en Estados Unidos. La demanda alega que los homicidios aumentaron entonces, “exactamente al mismo tiempo que el aumento de la producción, distribución y comercialización de las armas de grado militar por parte de los demandados”.
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“Varios trabajos académicos han encontrado una fuerte correlación estadística entre el fin de la prohibición de las armas de asalto y el aumento de la disponibilidad de armas y el aumento de los homicidios relacionados con las armas de fuego en México”, dijo a CNN Alejandro Hope, un experto en seguridad con sede en Ciudad de México. “¿Es esa la única razón por la que aumentó la violencia en México? No, ciertamente no. Pero es uno de los muchos impulsores”, agregó.
“La demanda presenta un caso muy claro de que estos acusados no sólo son totalmente conscientes del desvío de sus productos hacia el sur de la frontera, y de la matanza resultante, sino que [también] son conscientes de las medidas que podrían tomarse para mitigar esos problemas”, dijo a CNN Adam Skaggs, consejero jefe y director de políticas del Giffords Law Center, un grupo de defensa del control de armas que no está involucrado en la demanda.
“No sólo no han tomado ninguna de esas medidas, sino que se han beneficiado generosamente al negarse a hacer nada para solucionar el problema”, advirtió.
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Los abogados que representan a los fabricantes de armas dicen que están siendo “chivos expiatorios”.
“Son estos cárteles los que hacen un mal uso de las armas de fuego importadas ilegalmente a México o robadas al ejército y a las fuerzas del orden mexicanas”, dijo en un comunicado Lawrence G. Keane, vicepresidente senior y consejero general de la National Shooting Sports Foundation (NSSF, por sus siglas en inglés), una asociación comercial cuyos miembros están entre los demandados. (Un portavoz de la NSSF dijo que la organización no está involucrada en la demanda).
La NSSF, en un comunicado, también calificó las acusaciones de “infundadas” e insistió en que todas las armas de fuego vendidas al por menor “se han realizado de acuerdo con las leyes federales y estatales, con una comprobación de antecedentes y formularios del FBI”.
La demanda
La demanda tiene su origen en un tiroteo que tuvo lugar al norte de la frontera. El 3 de agosto de 2019, un hombre armado disparó y mató a 22 personas, entre ellas al menos ocho ciudadanos mexicanos, en un estacionamiento de Walmart en El Paso, Texas. (Una 23ª víctima murió nueve meses después).
Los funcionarios mexicanos y las familias de las víctimas presentaron una demanda en un tribunal de distrito estatal contra Walmart por no hacer lo suficiente para proteger a las víctimas (Walmart ha rechazado las acusaciones; se espera una fecha de juicio en 2022). Entonces, el gobierno mexicano puso su mirada en la industria de las armas.
“Tenía el mandato de encontrar acciones legales para que el gobierno de México hiciera algo”, dijo a CNN Alejandro Celorio, asesor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores. “Todo empezó a construirse desde ‘hagamos algo sobre El Paso’ hasta esto es enorme ‘la negligencia de la industria de las armas es inmensa’, así que hagamos algo que trate de resolver el panorama general”, agregó.
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Steve Shadowen, uno de los principales abogados del demandante, dijo que además de buscar una indemnización por daños y perjuicios, su equipo pretendía cambiar la forma en que los fabricantes de armas hacen negocios.
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“Estamos particularmente interesados en lograr que los fabricantes cambien en adelante la forma en que hacen negocios, para hacer más estrictos sus sistemas de distribución para que no sigan suministrando cantidades ilimitadas de armas a los vendedores de armas que sistemáticamente las venden a compradores de paja y a otros que se dedican al tráfico hacia México”, dijo a CNN.
Shadowen se negó a decir cuánto pedía por daños y perjuicios, pero el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, dijo a los periodistas que el país pediría al menos 10.000 millones de dólares.
Los fabricantes citados en el litigio son Smith & Wesson, Barrett, Beretta, Century Arms, Colt, Glock, Ruger y el grupo mayorista de armas Witmer Public Safety.
Un representante de Glock dijo a CNN que la política de la empresa es no hacer comentarios sobre litigios pendientes, pero dijo que se defendería “enérgicamente”. Smith & Wesson, Barret, Beretta, Century Arms, Colt, Ruger y el grupo Witmer Public Safety no respondieron a la solicitud de comentarios de CNN.
Abrazos, no balas
Desde que asumió el cargo en 2018, el presidente de México ha prometido combatir la epidemia de violencia relacionada con las armas de fuego en México con “abrazos, no balas”, lo que sugiere una ruptura con las tácticas de línea dura de sus predecesores.
Pero “abrazos, no balas” hasta ahora ha logrado poco. A pesar de las declaraciones de López Obrador sobre la “paz y la calma” en el país, la tasa de homicidios sigue siendo obstinadamente alta.
“[López Obrador] parece pensar en la política de seguridad como un subproducto de la política social. Sólo tienes que dar a la gente empleos y bienestar y de alguna manera el crimen disminuirá por algún mecanismo misterioso”, dijo Hope a CNN. “Eso no ha resultado realmente”, añadió.
Hope dijo que hay algunas consideraciones prácticas para el momento de la demanda -un ambiente político en EE.UU. que es cada vez más propenso al control de armas-, así como políticas. Se espera que el canciller Marcelo Ebrard se postule a la presidencia en 2024, y esto eleva su perfil.
“¿Hay motivaciones políticas? Sí. ¿Eso exime al lobby de las armas de enfrentar su responsabilidad? No, no lo creo”, dijo Hope.
Los expertos afirman que los demandantes están librando una dura batalla debido a una ley estadounidense de 2005 -la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas- que protege a los fabricantes de armas de la responsabilidad cuando se cometen delitos con sus productos.
Shadowen dijo que creía que la ley no se aplica a los delitos cometidos fuera de Estados Unidos. “Hemos consultado a algunos de los principales expertos del mundo sobre esta cuestión específica, y estamos convencidos de que vamos a ganar ese asunto”, dijo.
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Si el caso llega a juicio, los fabricantes de armas podrían verse obligados a revelar años de información interna sobre las prácticas de comercialización y lo que entendían sobre cómo sus armas llegaban a manos de los delincuentes, dijo a CNN Jake Charles, experto en la segunda enmienda de la Duke Law School.
También podría dar a conocer las repercusiones de la política de armas estadounidense más allá de sus fronteras.
“La mayor parte del debate sobre las armas en Estados Unidos ha girado en torno a la responsabilidad de los fabricantes, distribuidores y vendedores por los daños que se producen a nivel nacional en Estados Unidos”, dijo Charles, el experto legal. “Esto pondrá sobre la mesa la cuestión de hasta qué punto son responsables -legal, política o moralmente- de que las armas lleguen a manos de malos actores en México”, añadió.
Reportaje de Karol Suárez de CNN en Ciudad de México y de la periodista Danielle Renwick en Nueva York.
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