Un nuevo programa de ICE permitira a agencias locales realizar arrestos en ciudades santuario

En un esfuerzo por aumentar el número de deportaciones, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos busca que agencias locales esquiven las políticas de ciudades santuario.

“Yo opino que está mal porque nosotros venimos a trabajar, no venimos a hacerle un mal a nadie”, dijo Jenny Patricia Ávila, quien trabaja en Salinas y es originaria de Honduras.

Con un nuevo programa, autoridades de ICE buscan que oficiales locales, puedan ejecutar arrestos en su nombre, despues de recibir un entrenamiento que les daría autoridad federal. Esto a pesar de que sirvan en una ciudad o estado santuario.

“El programa de “Servicios de Orden Judicial” es una solución de sentido común que estimula y protege la necesidad de cooperación entre las organizaciones de cumplimiento de la ley de los niveles local, estatal y federal”, dijo David Marín, director ejecutivo asociado de ICE.

La abogada de inmigración de Watsonville, Ariadna Rentería, dijo que este programa busca realizar arrestos a personas ya detenidas dentro de las cárceles. Pero agregó que el protocolo de cómo funcionarían los arrestos aún no es claro.

” La autoridad está limitada a entregar una orden de arresto que sea considerado sujeta del interes de inmigración, pero no pueden hacerle personas acerca de su calidad migratoria, su nacionalidad, no pueden hacer ningún tipo de preguntas que tengan que ver con su historial migratoria”, dijo Rentería.

El primer alguacil en firmar este nuevo acuerdo con ICE fue el jefe de policía del Condado de Pinellas en Florida. Pero ICE aseguró que hay otros condados interesados en implementar este programa.

Según Rentería el si se implementa o no, queda en manos de los oficiales locales, y sus posturas personales.

“Básicamente, están tomando el riesgo de enfrentarse a su comunidad, a su legislación, y a sus superiores, cuando tratan de aliarse con una manera tan truculenta con el gobierno federal”, dijo Rentería.

Por otra parte, varios organismos que defienden los derechos de los inmigrantes dicen que esta medida es una nueva versión del programa 287G.

“Están encontrando que ese programa está bajando en participación local, entonces encuentran otro programa que es lo mismo pero lo llaman de otra cosa”, dijo Teresa Borden, portavoz de la organización CHIRLA.