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Israel aprueba el proyecto de ley que le quita poder al Tribunal Supremo

urielblanco

(CNN) — El Parlamento de Israel (la Knesset) aprobó este lunes el controvertido proyecto de ley de “razonabilidad” por 64 votos a 0. Todos los miembros de la coalición gobernante votaron a favor.

Por su parte, todos los miembros de la oposición abandonaron la Cámara mientras se celebraba la votación nominal.

El proyecto de ley de razonabilidad, respaldado por el Gobierno de coalición del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, privaría al Tribunal Supremo de la facultad de declarar irrazonables las decisiones del Gobierno.

La doctrina de la razonabilidad no es exclusiva del Poder Judicial israelí. El principio se utiliza en varios países, entre ellos el Reino Unido, Canadá y Australia.

Los tribunales de esos países utilizan habitualmente la norma para determinar la constitucionalidad o legalidad de una determinada legislación, y permite a los jueces asegurarse de que las decisiones tomadas por los funcionarios públicos son “razonables”.

La norma se utilizó este año cuando el primer ministro Netanyahu destituyó a su aliado clave, Aryeh Deri, de todos los cargos ministeriales, en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Superior israelí que consideraba irrazonable nombrarle para cargos en el Gobierno debido a sus condenas penales y a que el año pasado había dicho ante los tribunales que se retiraría de la vida pública.

150 empresas israelíes líderes se declaran en huelga mientras el controvertido proyecto de ley se sometía a votación

El proyecto de ley de razonabilidad es solo una parte de un paquete más amplio de reformas del sistema judicial de Israel.

Otras partes de dicho paquete pretenden dar al Gobierno de coalición de extrema derecha más control sobre el nombramiento de jueces, y eliminarían a los asesores jurídicos independientes de los ministerios del Gobierno.

Netanyahu y sus aliados califican las medidas de “reformas” y afirman que son necesarias para requilibrar los poderes entre los tribunales, los legisladores y los Gobiernos.

Sin embargo, quienes se oponen al plan de reformas lo califican de “golpe de Estado” y aseguran que amenaza con convertir a Israel en una dictadura, al eliminar los controles más importantes sobre las acciones del Gobierno y concentrar el poder en manos del Ejecutivo.

El Colegio de Abogados de Israel prepara un recurso legal contra el proyecto de ley, dijo el grupo de abogados este domingo, un día antes de la votación.

¿Qué sigue tras la aprobación del proyecto de ley en Israel?

Manifestantes se reúnen frente al Parlamento israelí y el Tribunal Supremo en Jerusalén, Israel, el 23 de julio. (Foto: Hazem Bader/AFP/Getty Images)

La aprobación del controvertido proyecto de ley de “razonabilidad” ya suscitó recursos judiciales y podría desencadenar una crisis constitucional en Israel.

Inmediatamente después de la aprobación del proyecto de ley, este lunes, el Movimiento por un Gobierno de Calidad, una organización no gubernamental israelí, presentó una petición ante el Tribunal Supremo.

En la petición se solicita al Tribunal que declarara ilegal la ley de razonabilidad por considerar que modifica la estructura básica de la democracia de Israel, y se solicitaba que bloqueara la aplicación de la ley hasta que el Tribunal se pronunciara al respecto.

Antes de que se aprobara la ley, el Colegio de Abogados de Israel ya estaba preparando una impugnación legal de la ley, dijo el domingo el grupo de abogados. Su ejecutivo, el Consejo de Abogados, había aprobado la decisión de solicitar al Tribunal Supremo que anulara la ley de razonabilidad, si se aprobaba el lunes, dijo el Colegio.

El Colegio de Abogados también advirtió que se cerrará “como acto de protesta contra el proceso legislativo antidemocrático”, señaló en un comunicado. Eso significa que el Colegio de Abogados no prestará servicios profesionales a sus miembros, y no que los abogados vayan a la huelga.

Si el Tribunal Supremo dictamina que la propia ley de razonabilidad es irrazonable, invalidando la ley que quita competencias al propio Tribunal, podría desencadenarse una crisis constitucional que enfrentara al Gobierno y al Tribunal.

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