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El juez desecha 34 cargos de homicidio involuntario por el incendio de la embarcación que mató a seis nativos del condado de Santa Cruz

Aftermath of the Conception dive boat tragedy, September 2019 (Photo courtesy of the National Transportation Safety Board)
National Transportation Safety Board
Aftermath of the Conception dive boat tragedy, September 2019 (Photo courtesy of the National Transportation Safety Board)

WASHINGTON D.C. (KMUV) ACTUALIZACIÓN 2 de septiembre de 2022, a las 12:37 p.m.- Un juez federal de Los Ángeles desestimó el viernes una acusación en la que se acusaba a un capitán de barco de buceo de homicidio involuntario por la muerte de 34 personas en un incendio ocurrido en 2019 a bordo de un barco anclado en la costa del sur de California.

Entre las personas fallecidas también se incluían algunos residentes del condado de Santa Cruz:

  • Carol Diana Adamic, de 60 años, de Santa Cruz
  • Vaidehi Campbell, de 41 años, de Felton
  • Berenice Felipe, de 16 años, de Santa Cruz
  • Kristina "Kristy" Finstad, de 41 años, de Santa Cruz
  • Steven Salika, de 55 años, de Santa Cruz
  • Tia Salika-Adamic, de 17 años, de Santa Cruz, CA

El viernes se cumple el tercer aniversario de la catástrofe, ya que el Conception se hundió en llamas el 2 de septiembre de 2019, cerca de una isla de la costa de Santa Bárbara. Los 33 pasajeros y un miembro de la tripulación atrapados en una sala de literas bajo la cubierta murieron.

Los fiscales federales dijeron que el capitán Jerry Boylan, de 68 años, no siguió las normas de seguridad. Se le acusa de "mala conducta, negligencia y falta de atención" por no formar a su tripulación, no realizar simulacros de incendio y no tener un vigilante nocturno itinerante en el barco en el momento del incidente.

El acta de acusación no especificaba que Boylan actuó con negligencia grave, algo que, según el juez de distrito George Wu, es necesario para demostrar el homicidio y debe figurar en el acta de acusación.

Según Thom Mrozek, portavoz del fiscal de los Estados Unidos en Los Ángeles, los fiscales buscarán la aprobación para apelar el fallo. También pueden solicitar una nueva acusación por negligencia grave.

Boylan y otros cuatro miembros de la tripulación, que habían estado durmiendo en la cubierta superior, escaparon del barco en llamas después de que el capitán hiciera una llamada de socorro.

Los miembros supervivientes de la tripulación dijeron que las llamas les impidieron llegar a las personas atrapadas en la sala de literas. Las autoridades dijeron que las llamas bloquearon una escalera y una pequeña escotilla que eran las únicas salidas desde la cubierta inferior. Los 34 murieron por inhalación de humo.

La sentencia es el segundo golpe reciente para los fiscales del caso.

Inicialmente, Boylan fue acusado de 34 cargos de homicidio involuntario de marineros, que conllevan una posible pena de prisión de 10 años si se le condena por muerte. Los abogados de la defensa trataron de desestimar esos cargos porque argumentaron que todas las muertes eran el resultado de un único incidente y no eran delitos separados.

Antes de que se pudiera argumentar esa cuestión en el tribunal, los fiscales consiguieron una acusación sustitutiva en julio en la que se acusaba a Boylan sólo de un cargo de homicidio de marinero que alegaba que su negligencia había causado las 34 muertes. En caso de ser declarado culpable, se habría enfrentado a un máximo de 10 años de prisión.

La defensa también argumentó que la acusación de un solo cargo debía desestimarse porque no alegaba que Boylan hubiera actuado con negligencia grave, lo que, según ellos, era un elemento necesario del delito.

Los fiscales federales respondieron que, según la ley anterior a la Guerra Civil, diseñada para responsabilizar a los capitanes y a la tripulación de los barcos de vapor por los desastres marítimos, sólo necesitaban demostrar que Boylan actuó con negligencia simple, un criterio único para un delito grave.

Los fiscales citaron el lenguaje del estatuto que dice que los capitanes y otros empleados de los barcos pueden enfrentarse a hasta 10 años de prisión por "mala conducta, negligencia o falta de atención a sus deberes en dicho barco la vida de cualquier persona es destruida."

Wu dijo que la jurisprudencia sobre el homicidio de marineros era inconsistente en los tribunales de apelación. Sólo un tribunal de apelación de Nueva Orleans había defendido el requisito de que sólo era necesario probar la negligencia simple para obtener una condena.

Robert Weisberg, profesor de derecho penal de la Universidad de Stanford, culpó en parte al Congreso de redactar la ley de forma "ad hoc e incoherente".

El fallo del juez fue sensato por basarse en otros dictámenes de apelación que determinaron que la negligencia grave era un elemento necesario para casos similares de homicidio involuntario, dijo Weisberg. Los tribunales de California y de muchos otros estados también exigen la prueba de negligencia grave para el homicidio involuntario.

La diferencia entre los dos tipos de negligencia se ve a menudo como si alguien debe ser abofeteado con daños civiles o castigado penalmente por su comportamiento.

La negligencia simple sería si alguien causara un daño sin considerar nunca sus riesgos. Se trataría de una negligencia grave si se consideran las posibles consecuencias pero se actúa de todos modos. La negligencia grave suele incorporar un elemento de imprudencia.

"El acusado ha presentado razones persuasivas de por qué el estatuto debe ser leído para requerir la negligencia grave como un elemento necesario para la condena (y la acusación), y las razones del gobierno en sentido contrario no convencen al tribunal de lo contrario", escribió Wu.

Al tratarse de un caso de homicidio con una posible condena de 10 años, Wu señaló que el Tribunal Supremo se ha mostrado reacio a permitir a los fiscales demostrar la negligencia en lugar de la norma más exigente de establecer que el acusado actuó con intención delictiva.

Los investigadores federales de seguridad culparon a los propietarios de la embarcación, Truth Aquatics Inc. por falta de supervisión, aunque no fueron acusados de ningún delito.

Truth Aquatics presentó una demanda ante un tribunal federal en virtud de una disposición del derecho marítimo para evitar el pago a las familias de las víctimas. Los familiares de los fallecidos han presentado demandas contra los propietarios de la embarcación, Glen y Dana Fritzler, y contra la empresa.

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Ricardo Tovar

Assignment/ Web Manager for KION News Channel 5/46 and Telemundo 23

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