ANÁLISIS | Colombia necesita un líder que implemente el acuerdo de paz. Para las mujeres, es una cuestión de vida o muerte
Rocío Muñoz-Ledo
(CNN) — Hoy, los colombianos volverán a las urnas para votar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del país. Seis años después de que el acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) pusiera fin a cinco décadas de conflicto, los votantes elegirán entre dos futuros diferentes para Colombia.
El destino del histórico proceso de paz del país, y cómo afecta a los colombianos que viven en medio de una frágil tregua, bien puede estar en juego. Ambos candidatos han dicho que van a apoyar la implementación del proceso de paz, pero los detalles de ese apoyo no siempre están claros. Es comprensible que esto haya hecho que los más afectados por el conflicto, que trabajaron duro para negociar la paz, se sientan preocupados.
La contienda tiene una serie de primicias. Si el 19 de junio gana el exguerrillero Gustavo Petro, de 62 años, será el primer líder de izquierda de Colombia. Petro ganó la primera vuelta con poco más del 40% de los votos. En esta segunda vuelta se enfrenta al magnate de la construcción de 77 años, Rodolfo Hernández, un populista.
Los candidatos a segunda vuelta Rodolfo Hernández y Gustavo Petro.
También por primera vez, las compañeras de fórmula de ambos candidatos de la ronda final son mujeres afrocolombianas. Francia Márquez, ganadora del Premio Ambiental Goldman 2018 con una larga historia de activismo social rural, está en la boleta con Petro. Con Hernández está Marelen Castillo Torres, quien ha pasado su vida profesional en la academia. Actualmente es Vicerrectora Académica de la Universidad Minuto de Dios.
En un país donde la representación de las mujeres en muchos niveles del gobierno es baja y las mujeres indígenas y afrocolombianas se ven afectadas de manera desproporcionada por la violencia derivada del conflicto, el hecho de que Colombia parece estar en camino de tener su primera vicepresidenta negra es digno de mención.
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Las dos mujeres han asumido diferentes roles en las campañas. Márquez, quien después de liderar a las mujeres de su comunidad para protestar contra la minería ilegal y los desalojos comunitarios ha sido una figura pública en Colombia desde la década de 2010, se ha manifestado contra el statu quo político y económico del país durante la campaña electoral. Márquez ha defendido durante mucho tiempo los derechos de las mujeres, los programas de empoderamiento económico y el acceso a la tierra para los pobres.
Poco se sabe de Castillo, quien no tiene antecedentes en política. Es una incorporación reciente a la campaña de Hernández y no ha hecho muchas apariciones públicas, aunque en entrevistas con los medios ha hablado de promover el acceso a la educación.
Más allá de una mujer a la derecha del presidente, ¿qué pueden esperar los colombianos, y específicamente las mujeres colombianas que soportaron la peor parte del conflicto armado más prolongado del hemisferio occidental, de sus futuros líderes?
Colombianos, listos para las elecciones presidenciales 5:52
Una historia de violencia relacionada con el conflicto
Las mujeres en Colombia sufrieron de manera desproporcionada en los más de 50 años de conflicto entre las fuerzas gubernamentales, la guerrilla y los grupos paramilitares. Sin embargo, las mujeres también desempeñaron un papel importante como constructoras de paz para poner fin a ese conflicto y reconstruir sus comunidades después.
La violencia sexual fue ampliamente utilizada para ganar control social y territorial. Los datos más actualizados del registro de víctimas de Colombia documentan más de 31.000 casos de violencia sexual denunciados. Millones de mujeres también se han visto afectadas por el desplazamiento forzado, muchas de las cuales asumieron la responsabilidad económica de sus familias después de que sus maridos fueran asesinados y tuvieran que huir de sus hogares y comunidades.
Los estudios han demostrado que las mujeres desplazadas enfrentan un alto riesgo de violencia de género, incluida la violencia sexual. Como resultado directo de las consecuencias de género del conflicto, la igualdad de género ocupó un lugar destacado en los acuerdos de paz, al igual que el reconocimiento de la necesidad de justicia racial y étnica.
Las mujeres jugaron un papel importante durante las negociaciones, llegando incluso a formar una ‘Subcomisión de Género’, un espacio único integrado por representantes de las FARC, el gobierno y la sociedad civil y destinado a garantizar que todas las experiencias de conflicto fueran reconocidas y abordadas en el trato final.
Cuando se finalizó, el Acuerdo Final de Colombia incluyó compromisos en áreas clave que incluyen reforma rural, garantías de seguridad y protección, y derechos de las víctimas.
“El reconocimiento de la discriminación racial, étnica y de género como fuerzas subyacentes en el conflicto, y la inclusión de disposiciones para abordarlas directamente… fue un logro de la sociedad civil, en particular de mujeres, LGBTIQ, afrocolombianas y organizaciones indígenas”, escribió la profesora asociada de derecho de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, Lisa Davis, en Columbia Human Rights Law Review.
Davis agregó: “Las organizaciones afrocolombianas, con un fuerte liderazgo de las mujeres afrocolombianas, desarrollaron una visión para el proceso de paz que reconocía y remediaba las injusticias históricas y la discriminación cometida contra ellas, incluida la discriminación de género, para garantizar una paz inclusiva y duradera”.
Sin embargo, el gobierno conservador de Iván Duque, que asumió el poder en 2018, aún no ha implementado 42 de los 133 compromisos de género que había acordado, según el Instituto Kroc, encargado de monitorear la implementación del Acuerdo.
Hablando más ampliamente sobre el acuerdo, la organización de investigación y defensa WOLA, con sede en Washington, escribió en el quinto aniversario de los acuerdos que “la implementación del acuerdo ha ido peor de lo previsto, y las oportunidades para romper el ciclo de violencia se están evaporando”.
Aunque el acuerdo de paz es legalmente vinculante, el rigor con el que se aplica está sujeto al interés del gobierno en turno.
Petro y Márquez tienen un esquema claro de cómo planean implementar el proceso de paz si son elegidos. Si bien Hernández y Castillo también dicen que lo implementarán, sus promesas son más vagas. Hernández ya ha estado bajo el escrutinio de los medios internacionales por lo que los críticos dicen que es la brecha entre la campaña y el hombre detrás de la campaña. CNN, por ejemplo, informa que si bien el “discurso más claro de Hernández ha sido su promesa de ‘deshacerse de la corrupción’… [él] ha tenido sus propios problemas con las denuncias de corrupción, y algunas continúan”. Hernández ha negado el cargo que se espera llegue a los tribunales el próximo mes, diciendo: “Con las leyes actuales, cualquier candidato puede ser demandado por cualquiera”.
Por su parte, los líderes sociales con los que he estado hablando en las últimas semanas no confían en que la implementación del proceso sea un eje central del gobierno de Hernández, lo que significa que las condiciones de seguridad en las zonas rurales podrían mantenerse o incluso volverse más peligrosas.
Buscar la paz y denunciar el narcotráfico, el reclutamiento de niños en grupos armados y la degradación ambiental ha tenido un gran costo para las mujeres líderes de Colombia.
Durante los últimos siete años, he estado investigando cómo las mujeres buscan justicia en contextos de alto riesgo. En ese tiempo, escuché docenas de relatos de activistas amenazadas, señaladas y atacadas.
Muchas de las mujeres que entrevisté, a menudo con sus guardaespaldas proporcionados por el gobierno siguiéndolas de cerca, dijeron que el proceso de paz de 2016 no solo nunca se materializó, sino que las amenazas que enfrentan son más intensas que nunca.
Sus nombres, por ejemplo, han sido incluidos en amenazas de muerte públicas difundidas por grupos armados con un mensaje simple: detengan su activismo social o mueran. Como resultado, muchas ya no viven en sus comunidades de origen, aislándose de sus familias para proteger a sus hijos.
La semana pasada, un colega y yo pasamos un tiempo con mujeres líderes afrocolombianas en el norte de la provincia de Cauca, una región afectada por el conflicto en el suroeste del país, donde nació Márquez y comenzó su activismo. En las últimas semanas, muchas de estas mujeres me dijeron que habían recibido amenazas de muerte a través de llamadas telefónicas o mensajes. Algunas dicen que han sobrevivido por poco a los intentos de asesinato.
Peor suerte corrió la líder comunitaria Doña Tuta. Fue asesinada en las cercanías de la ciudad de Cali la semana pasada. Ella es la última de una larga lista de mujeres defensoras de los derechos humanos que han perdido la vida en Colombia desde la firma de los Acuerdos de Paz.
Para las mujeres líderes de base de Colombia en todo el país, lo que está en juego en estas elecciones es su capacidad para vivir con seguridad en sus comunidades. Si, cómo y cuándo el próximo presidente implementará realmente el acuerdo de paz podría ser la diferencia entre la vida y la muerte para ellas.
Simpatizantes del candidato presidencial de izquierda colombiano Gustavo Petro pegan pancartas antes de una manifestación en el barrio de Fontibón en Bogotá el 12 de junio de 2022.
El proceso de paz es más importante que nunca
Aunque Colombia es ahora un estado posconflicto sobre el papel, el número de personas desplazadas internamente (IDP, por sus siglas en inglés) continúa aumentando a medida que otros grupos armados continúan enfrentándose violentamente.
Colombia ahora tiene el tercer mayor número de desplazados internos en el mundo, solo detrás de Siria y la República Democrática del Congo. El estado latinoamericano ha sido descrito por Reuters como “el país más peligroso del mundo para los ambientalistas”.
Cuando las FARC se desmovilizaron en 2016, otros grupos armados ocuparon su lugar. Compitiendo por el control de recursos valiosos como la coca y la minería ilegal, y las rutas de transporte, estos grupos intensificaron su ataque contra los líderes sociales que promovían la implementación de los acuerdos de paz en sus comunidades.
La plataforma de Petro y Márquez reconoce que las mujeres han sufrido durante el conflicto de manera particular. Promete implementar completamente el acuerdo de paz con las FARC y se centrará en la reforma agraria rural, garantías de protección y protección ambiental, que son esenciales para que las mujeres tengan la capacidad de obtener ingresos y mantener a sus familias.
Hernández también ha dicho que implementaría el acuerdo de paz y buscaría un acuerdo con el Ejército de Liberación Nacional, el grupo guerrillero de izquierda más grande del país, conocido por sus siglas, ELN. Comparado con Donald Trump en parte por sus controvertidos comentarios, incluso sobre los roles de las mujeres como “idealmente… [dedicarse] a criar hijos”, Hernández, sin embargo, no ha detallado cómo se incluirían las necesidades únicas de las mujeres en esta implementación del proceso de paz.
Las encuestas siguen ajustadas antes de la votación del domingo. Los colombianos están frustrados por la actual crisis económica del país, los crecientes niveles de violencia y la disminución de oportunidades. Como tal, más allá de las cuestiones de género, Petro hace campaña por un cambio social y económico profundo, mientras que Hernández se enfoca en el crecimiento pospandemia y la lucha contra la corrupción.
Las necesidades amplias y urgentes de las mujeres colombianas, y en particular de las mujeres afrocolombianas e indígenas, pueden no estar necesariamente al frente de las próximas elecciones, sin embargo, está claro que todos los colombianos esperan un cambio. Para las mujeres líderes en riesgo con las que trabajo, el cambio puede que no llegue lo suficientemente pronto.
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