Grupos pro inmigrantes demandan a ICE por perseguir activistas indocumentados
Varios grupos pro derechos de inmigrantes han interpuesto una demanda al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) por supuestamente designar a activistas indocumentados como objetivo de sus redadas.
Las organizaciones afirmaron que las autoridades migratorias investigaron, vigilaron, arrestaron e incluso deportaron a activistas “con el objetivo de silenciarlos”, según la denuncia que divulgaron hoy los litigantes.
“Este fuerte aumento en la aplicación de la ley de inmigración específicamente dirigido a los activistas de inmigración tiene la intención de reprimir la disidencia”, señalaron los abogados en su demanda ante una corte federal de Nueva York.
Uno de los demandantes, el director de New Sanctuary Coalition de Nueva York, Ravi Ragbir, fue arrestado en enero por su condición de indocumentado y su orden de deportación a Trinidad y Tobago se encuentra actualmente suspendida.
“Esta demanda no se trata sólo de mí, se trata de todos los miembros de nuestra comunidad que están hablando en nuestra lucha por los derechos de los inmigrantes”, señaló hoy Ragbir en un comunicado.
Junto al activista de origen trinitense, las organizaciones New Sanctuary Coalition, Casa de Maryland, Detention Watch Network, el Proyecto Nacional de Inmigración del National Lawyers Guild y la New York Immigration Coalition tambien forman parte de la querella judicial.
“La selección de activistas por parte del Gobierno sobre la base de su discurso político central es injusta, discriminatoria y antiamericana. Y viola la Primera Enmienda” de la Constitución, añade la demanda, fechada el 7 de febrero.
El requerimiento judicial nombra como demandados a ICE; el director interino de ICE, Thomas Homan; la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen; el Departamento de Seguridad Nacional (DHS); el fiscal general de EEUU, Jeff Sessions; el Departamento de Justicia, y a dos altos funcionarios de ICE en la oficina de la agencia en Nueva York.
Como respuesta a esta demanda, Matthew Albence, jefe de la Oficina de Detención y Deportación (ERO), dependencia del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), apuntó en un comunicado enviado a Efe que la autoridad migratoria “no ataca ilegalmente a inmigrantes en posiciones de activismo o en represalia por los comentarios críticos que hacen”.
“Cualquier sugerencia que diga lo contrario es irresponsable, especulativa e inexacta y supone una amenaza a la seguridad nacional, la seguridad pública y la seguridad fronteriza”, argumentó Albence.
Según datos facilitados a Efe, de las 143.470 detenciones que ICE realizó en el año fiscal 2017, el 73,7 % fueron inmigrantes “criminales” y el 15,5 % fueron “extranjeros con cargos penales pendientes”.
Este pleito se produce en medio de una ofensiva contra la inmigración por parte de la Administración del presidente Donald Trump, que incluye amenazas de retirar fondos de las llamadas “ciudades santuario”, aquellas que no cooperan con las autoridades migratorias para proteger a los indocumentados de la deportación.