Reportaje Especial: Carga Pública

SALINAS, Calif. (KMUV)

Sandra Martinez ha sido voluntaria por alrededor de 3 años con la agrupación Immigration Task Force Monterey County.

La coalición se dedica a mantener informada a la comunidad migrante del condado sobre las nuevas leyes, así como los derechos que tienen.

 Sin embargo, recientemente la comunidad inmigrante pendiente a cambiar su estatus migratorio a residente permanente, ha mostrado su preocupación ante el anuncio sobre la medida de inadmisibilidad.

Esta nueva medida restringe los beneficios de apoyo social a esas personas, al considerar que podrían ser una carga pública.

“Los comentarios que escucho y lo que miro hablando entre nuestra gente inmigrante es de ansiedad, consternación, preocupación, cómo me va a afectar,” expresó Martinez.

De acuerdo al sitio web del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, indica que una persona que reciba dinero o haya recibido ayuda monetaria para su sustento tiene una gran probabilidad de convertise en dependiente del gobierno y podrá ser considerada carga pública.

Martinez considera a esta medida como cruel, ya que cree que los inmigrantes contribuyen mucho a la comunidad de la Costa Central.

“Esta medida solamente está tratando de prevenir acceso a gente que sí lo necesita y se me hace muy cruel esta medida y está afectando en que muchos de ellos dudan al no aplicar a  beneficios públicos,” agregó Martinez.

Sin embargo, este término de carga pública no es nuevo en el sistema de inmigración, lo que cambiará es la manera en que se evaluará al solicitante.

“Como se aplica esta evaluación, es lo que ha sido parte del debate público. A partir de un cambio en los reglamentos de inmigración que reestructuran el método para evaluar como se mide el potencial de carga pública y se mide basado en la solvencia económica del solicitante,” comentó Ariadna Torres, abogada de inmigración.

Esta solvencia económica se determina en base a las reglas federales de ingresos del país y el solicitante debe encontrarse por arriba del 125% del nivel de pobreza.

 “Lo que el gobierno va a hacer es evaluar la posibilidad de que el nuevo inmigrante se vuelva una carga pública, que por no tener solvencia económica suficiente vaya a tener que recurrir al sistema de beneficios sociales para poder sobrevivir,” agregó Torres.

Anteriormente, la solvencia económica se podía subsanar con el apoyo de una Declaración Jurada de Patrocinio Económico o conocido como co-fiador, pero con esta nueva regla, ese documento no tendrá la misma válidez.

“Antes era aquí está un caso frágil, aquí está un co-fiador, te subo el nivel. Ahora es aquí está un caso frágil, aquí está un co-fiador, más tu edad, más tu historial de trabajo, más tu habilidad vocacional, más tu salud, que van a poner tu caso a un nivel de estabilidad financiera según la evaluación,” añadió Torres.

Aceptar los siguientes tipos de asistencia podrían determinar que una persona tenga altas probabilidades de convertirse en carga pública, como los programas de asistencia;  SSI, TANF, asistencia general, cuidado a largo plazo, Calfresh o estampillas, vivienda publica y Sección 8 y Medi-Cal con ciertas excepciones.

 No todos los tipos de asistencia pública aplican bajo esta norma, entre ellos se encuentran: Programas de almuerzo y desayuno escolar, Headstart, WIC, LIHEAP, CHIP, préstamos estudiantiles, cuidado de crianza temporal y de adopción, crédito por ingreso de trabajo y crédito fiscal por hijos, alivio ante desastres, beneficios de TANF que no incluyan asistencia en efectivo.

Algunos expertos, creen que la nueva medida podría asustar a muchos de aplicar para la residencia y preveen un impacto para los inmigrantes de la Costa Central.

“Los inmigrantes en ocasiones tienen que decidir entre pagar la renta o poner comida en la mesa y esas estampillas de comida, o ayuda monetaria estaban ayudando a estas familias que trabajan tan duro y que no pueden con el alto costo de la vivienda en la Costa Central,” dijo Jeraline Singh Edwards, Directiva del programa de Inmigración y Ciudadanía en Caridades Católicas Diocesis de Monterey.

 A pesar de que el nuevo reglamento ha causado preocupación entre los migrantes , expertos pidieron a la comunidad a no tener miedo.

 “Queremos que las personas tengan comida, que tengan techo, que tengan salud médica y no queremos que las personas no tengan eso por miedo. Necesitan información y no tener pánico en este momento,” agregó Lily Ana Sturgis, abogada en Santa Cruz Immigration Project.

Por su parte, Torres recalcó que los inmigrantes no tienen que cerrar sus casos de asistencia pública.

“La sugerencia es no es que las personas cierren sus casos existentes de asistencia pública en beneficio de sus familias, porque si eso es lo que necesitan para sobrevivir y mantener la estabilidad de vivienda, alimenticia y de salud pública eso es lo que tienes que hacer. Pero necesitan evaluar cuando es el mejor momento para evaluar un caso de inmigración que todavía no han sometido,” dijo Torres.

Destacó también la importancia de acudir con expertos que les brinden asesoría sobre su caso y prioridades.

Para obtener más información y recursos a bajo costo o gratuitos puede contactarse con las siguientes organizaciones: UFW, Caridades Católicas, Santa Cruz Immigration Project, Asistencia Rural de California e Immigration Task Force Monterey County. Expertos en inmigración recalcan que se pueden acercar con su organización o abogado de confianza y evitar a notarios.

“Lo importante es hacer una evaluación bien informada porque no es necesariamente el fin del camino para todos aquellos que buscan la regularización migratoria,” concluyó Torres.

La nueva medida entrará en vigor el proximo 24 de febrero y no afectará a casos que se hayan aplicado antes de esa fecha.