Inflación, crisis humanitaria, inestabilidad: los retos que tendrá el próximo presidente de Venezuela
Gonzalo Zegarra
(CNN Español) — Millones de venezolanos convocados a votar el 28 de julio en las elecciones presidenciales votarán con la esperanza de que el país se encamine en una senda de crecimiento tras varios años de profunda crisis económica y social.
Entre las 10 candidaturas destacan la del actual presidente, Nicolás Maduro, y la del abanderado del grupo mayoritario de la oposición, Edmundo González.
En una campaña polarizada en la que no abundan detalles específicos sobre las propuestas de campaña ni se ha realizado un debate entre los contendientes, analistas señalaron a CNN qué reformas serían necesarias para consolidar la recuperación económica y acercarse a los niveles de producción y bienestar previos a la caída registrada a partir de 2014, que incluyó hiperinflación, escasez de productos básicos, un éxodo de millones de migrantes y un alto grado de conflictividad social, con miles de protestas contra el Gobierno de Maduro, muchas de ellas reprimidas con violencia.
Para Graciela Urdaneta, economista sénior de la consultora Ecoanalítica, el gran consenso es la necesidad de controlar la inflación y la estabilidad del tipo de cambio. “El Gobierno lo viene implementando desde el año pasado. (…) Si bien afecta el crecimiento económico, es absolutamente necesario”, indicó.
La economista dijo que resulta imperioso impulsar la industria petrolera, teniendo en cuenta que la producción de PDVSA, aunque ha registrado un crecimiento en los últimos meses, todavía extrae diariamente menos de la mitad de barriles diarios en comparación con 2013, según cifras de la OPEP. En ese sentido, Urdaneta apuntó que el Gobierno “dio un viraje muy importante” al permitir que el sector privado tenga más participación en el área petrolera y sostuvo que se debería continuar o ampliar ese camino.
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Por otra parte, Urdaneta señaló que hay ideas con posiciones más disímiles entre el oficialismo y la oposición, pero que considera cruciales, como la mejora del marco regulatorio para tener más transparencia. “Mientras siga habiendo tanta opacidad en la información, sin cifras oficiales claras, es difícil atraer inversiones y tener credibilidad”, señaló.
En medio de una de las etapas más agudas de la crisis, el Banco Central de Venezuela (BCV) pasó más de cuatro años sin dar reportes sobre la situación económica del país, hasta que en mayo de 2019 registró una inflación de 130.060% para 2018 (varias veces por debajo de la estimada por el Fondo Monetario Internacional, que la estimó en 929.789,5%) y una contracción interanual del PIB de 22,5% para el tercer trimestre de 2018. El BCV no ha vuelto a difundir informes oficiales de ese indicador sobre el PIB desde finales de 2022.
Urdaneta consideró también muy importante aumentar el crédito para las pequeñas y medianas empresas y reducir la carga tributaria. “Es una economía que no puede crecer de manera sostenida. El crédito debe llegar a la agricultura, a la manufactura. La carga tributaria de las empresas es sumamente elevada, eso dificulta operar y crecer”, consideró.
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Por su parte, Marino González, doctor en Políticas Públicas y profesor de la Universidad Simón Bolívar (USB), dijo que urge trabajar en tres crisis que atraviesa el país: política, económica y humanitaria. “Las tres tienen expresiones que son sinérgicas, se retroalimentan”, afirmó.
El académico enfatizó la necesidad de establecer una ruta hacia una democracia plena. “Venezuela es una autocracia franca, considerada así por la Universidad de Gotemburgo. El tránsito hacia una democracia es un elemento crítico que no aparece entre las propuestas del Gobierno ni entre las que se consideran como oposición. Un resultado electoral es apenas el inicio de un proceso complicado que requiere acuerdos incluyentes entre los sectores que quieren esa democracia, que estén convencidos que al país le conviene un cambio profundo, y aquellos sectores que no están participando activamente pero son importantes”, explicó González. Entre esos grupos se refirió a universidades, organizaciones no gubernamentales, academias y centros de organización social.
En cuanto a la situación económica, González dijo que la estructura del país está debilitada, con leves signos de recuperación. “La necesidad de aumentar la capacidad de generar valor no ha estado en consideración o en agenda. Cómo pasar de una economía totalmente improductiva, dependiente del ingreso petrolero, a una economía abierta y que produzca valor”, señaló.
Bajo ese marco, agregó que tendría que discutirse la política económica para definir puntos claves como quién otorgará el financiamiento multilateral para los proyectos de recuperación y en cuánto tiempo. “No deberían ser consignas aisladas, sino parte de un programa coherente y bien estructurado”, recomendó.
La gente hace cola para votar afuera de un colegio electoral durante un simulacro de elección en Caracas el 30 de junio de 2024. Venezuela celebró el domingo un ensayo para las elecciones presidenciales del 28 de julio, en las que el presidente Nicolás Maduro buscará un tercer mandato de seis años. (Foto de Federico PARRA/AFP) (Foto de FEDERICO PARRA/AFP vía Getty Images)
González, quien también es miembro de la Academia Nacional de Medicina, dijo que es necesario atender la crisis humanitaria. Afirmó que en caso de que asuma un nuevo gobierno en enero de 2025 -fecha establecida en la Constitución para el comienzo del período presidencial- “al menos dos años de gestión pública deberían estar concentrados en atender la situación alimentaria, la situación crítica de salud, de educación y de servicios públicos”, áreas de protección social que consideró que tienen una “dificultades críticas”.
Carmen Arteaga, doctora en Ciencia Política y profesora asociada de la Universidad Simón Bolívar, sostuvo que el escenario político no da espacio para grandes consensos sobre los planes de gobierno. Además de coincidir en la necesidad de mayor transparencia en la administración pública, subrayó que un cambio profundo necesario tiene que ver con la seguridad y los derechos humanos para “el desmontaje de los mecanismos de represión y violencia interna, con el restablecimiento del estado de derecho y el imperio de la ley”.
Entre 2017 y 2019 organizaciones civiles registraron cientos de desapariciones forzadas en el marco de las protestas opositoras. La organización sin fines de lucro Robert F. Kennedy Human Rights dijo en 2020 que fueron “utilizadas como una herramienta de represión en Venezuela”. Tras la publicación del informe, el fiscal general Tarek William Saab lo desestimó y le dijo a CNN que la organización no tenía competencia para juzgar la situación en Venezuela.
Pero también hace unos meses, en marzo, la Misión independiente de la ONU alertó una sobre reactivación de métodos de represión contra opositores en Venezuela, “una repetición de los mismos patrones de violación de derechos humanos contra personas opositoras o percibidas como tales”. En respuesta, el canciller de Venezuela, Yván Gil, dijo que son acusaciones infundadas y mentiras con el objetivo de promover un cambio de régimen.
Rumbo económico
Arteaga también señaló que es necesario un “cambio radical” para abandonar la política económica monetarista que, según su análisis, se sostiene con emisión de dinero y genera altos niveles de inflación. Pero agregó que para todas las reformas primero es necesario una voluntad de los actores políticos que, agregó, es el factor más difícil de concretar.
Urdaneta, de Ecoanalítica, saludó los cambios del Gobierno de Maduro hacia una mayor apertura económica y la inyección de dólares en la economía, que, a su juicio, permitió mayor estabilidad en el tipo de cambio.
Sobre una posible privatización de empresas o la eliminación de subsidios, dijo que no son temas que asustan a los votantes como en el pasado. “Dejó de ser un fantasma. Al final, en Venezuela sucedieron muchas cosas que generaban pánico y nos dimos cuenta de que no genera peor efecto que la crisis, como el aumento del precio de la gasolina, que era un gran tabú y no pasó gran cosa. La prioridad es tener una mayor eficiencia”, señaló.
González, de la USB, subrayó algunos puntos que considera fundamentales para que la recuperación sea firme. Según remarcó, debe concretarse “de manera muy clara un acuerdo político inclusivo con una gran capacidad de consensuar una visión del país” y que sea de mediano o largo plazo.
Además de esa base, dijo que se debe plasmar una conducción política y de gobierno competente “que sepa atender la emergencia y los elementos estructurales”, para transmitir una política sólida “capaz de atraer inversión multilateral y privada, dar impulso a la creación de empleo”.
Con esos dos factores, declaró González, “muchos venezolanos que han adquirido experiencia podrían considerar regresar”.
Y es que, si Venezuela logra enderezar el rumbo económico, la esperanza de muchos votantes también está puesta en que la recuperación facilite el retorno de sus familiares, parte de los más de 7 millones de personas que salieron del país en los últimos años por la crisis económica, entre otros motivos.
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