Presidente del Consejo de Ministros de Perú dice que es “irresponsable” que el Ministerio Público promueva un “llamado a la movilización social”
Valeria Ordóñez Ghio
(CNN Español) — El presidente del Consejo de Ministros de Perú, Gustavo Adrianzén, calificó de “irresponsable” que el Ministerio Público esté “promoviendo un llamado a la movilización social” en respuesta los proyectos de ley que impulsa el Congreso de Perú, dijo este lunes el funcionario en conferencia con la prensa extranjera acreditada en el país.
“¿Estamos promoviendo el caos? ¿Quiénes lo promueven?”, se preguntó Adrianzén. “A mí me parece más irresponsable aún que desde el Ministerio Público se esté promoviendo un llamado a la movilización social. ¿De qué estamos hablando? ¿Lo vamos a ver al señor enfrente, encabezando marchas antigubernamentales? Y a eso se suma una expresidenta del Tribunal Constitucional que llama a la insurgencia. Y claro, un candidato a la presidencia en 2026 que nos habla de golpe de Estado. ¿Estamos todos locos?”, dijo.
Las declaraciones se refieren al pronunciamiento de la Fiscalía realizado en su cuenta de X (antes Twitter) el miércoles, en el que convoca a la “ciudadanía y a todas las instituciones democráticas a sumarse a la defensa de la democracia y el Estado de Derecho, que se pretende socavar de aprobarse los proyectos de ley” impulsados por el parlamento, que según la institución “colisionan contra el orden constitucional”.
Ante las críticas de la Fiscalía y de diversas instituciones nacionales e internacionales, Adrianzén señaló que prefería “abstenerse a responder” o dar una opinión sobre los proyectos de ley impulsados desde el Congreso hasta que, en el caso de ser aprobados por el parlamento, sean remitidos al Poder Ejecutivo para su aprobación u observación. Dijo que entonces tendrán una opinión y que “la decisión final la tiene la señora presidenta de la República”, Dina Boluarte.
“En los últimos meses nos han estado acusando, diría yo, de ser una suerte de avales de las decisiones del Congreso de la República, y yo al respecto quiero decir que nosotros entendemos con absoluta claridad el principio de separación de poderes”, dijo el funcionario.
Uno de los proyectos de ley impulsados desde el parlamento es el que establece que no se podrán seguir procesos por delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra por hechos cometidos antes de 2002. El jueves, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una resolución en la que requirió al Congreso de Perú suspender el trámite de la iniciativa.
“El Perú ha admitido la competencia de la Corte y en consecuencia respeta las decisiones de este órgano, no necesariamente las comparte, y no por ello tiene que dejar de ser crítico también”, dijo Adrianzén, quien agregó que la iniciativa sobre lesa humanidad aún no ha sido aprobada y que no conocían su contenido. “En su momento sí, naturalmente tendremos que pronunciarnos sobre ello”, agregó.
Adrianzén: “Hay una politización de la Justicia”
El presidente del Consejo de Ministros dijo que “el hecho concreto que ha mermado la credibilidad de la clase política tiene que ver con la corrupción”, que ha llevado a “cinco presidentes y otros tantos candidatos hoy día a ser enjuiciados, creo que ese es el punto principal del deterioro de la credibilidad”.
Adrianzén dijo que “desde que inició el gobierno de la presidenta Dina Boluarte, no hay un solo ministro que haya sido acusado de corrupción. No tenemos ninguna carpeta abierta por ese tema”. Sin embargo, no se refirió a las investigaciones abiertas contra Boluarte.
Una de ellas es la conocida como el caso Rolex, por los presuntos delitos de “enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaraciones en documentos”, relacionados con el uso de relojes de esa marca. Boluarte niega haber cometido acto ilegal alguno y ante los primeros cuestionamientos dijo que los relojes fueron un préstamo.
El presidente del Consejo de Ministros dijo que cree “que hay una politización de la justicia y lo veo en cabeza de la presidenta de la República cuando basta una noticia, basta una portada, para que inmediatamente, de la manera más insólita, sin investigación previa alguna y apelando solo a lo que se llama la notitia ‘criminis’, se inicie investigaciones criminales contra la presidenta de la República”.
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